Malestar entre las empresas de consumo masivo luego de la acusación del Gobierno

Las empresas se enteraron este miércoles por la mañana a partir del comunicado oficial. Luego, confirmaron que habían recibido una notificación de la Secretaría de Comercio Interior en la que se las intimaba a brindar información acerca de los niveles de producción y facturación de determinados productos. Ya habían recibido inspecciones semanas atrás en la misma línea, pero el Gobierno hoy avanzó un paso más en su afán de querer lograr la mayor cantidad de producción y abastecimiento posible, aun en el actual contexto de pandemia y con la norma de Precios Máximos todavía vigente.

Si bien las inspecciones que habían tenido previamente los habían alertado sobre lo que podría llegar, la decisión de enviar un comunicado a los medios y exponerlas públicamente generó un fuerte malestar en el mundo del consumo masivo, más aún cuando se trató de un sector con precios prácticamente pisados durante todo el 2020 y que, pese a ello, no ha generado desabastecimiento. También sorprendió en las compañías que esta intimación haya llegado a los pocos días de la reunión, el jueves pasado, del Gobierno con los CEO de las principales empresas del país entre los que estaban incluidos los presidentes de las que hoy fueron notificadas.

En el comunicado, la dependencia que dirige Paula Español afirmó que lo que envió a once empresas de alimentos, cosmética y limpieza fue una imputación, es decir, una acusación en torno a un incumplimiento de una norma. “La Secretaría de Comercio, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, dice el primer párrafo del texto.

Sin embargo, Infobae consultó a la mitad de estas empresas y en ningún caso –según dijeron– se trata de una imputación. El pedido enviado a las firmas está destinado a que “acredite de forma fehaciente ante esta Subsecretaría en el plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles haber incrementado su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitre las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión de los productos mencionados precedentemente a los niveles efectuados en el período de noviembre 2020″. En cada caso, se hace referencia a determinados ítems.

“Nosotros estamos muy tranquilos. Les veníamos contando cuando tuvimos problemas de producción; algunos productos son elaborados por pymes, que en este contexto producen como pueden. Hay un tema que tiene que ver con priorizar la fabricación en un contexto donde hay plantas paradas y bajas de producción. Pero nosotros estamos produciendo al 100% de la capacidad. Es todo muy poco claro y muy político”, remarcaron en una de las compañías.

En otra explicaron: “Es un proceso administrativo que tenemos que contestar. No hay multa. En nuestro caso, son dos productos y se debe a cuestiones estacionales”.

“No se busca multar a las empresas, sino que vuelvan a producir”, aseguran en la cartera productiva. Tras la reunión hoy del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la investigación se inició por “comentarios” que les llegaron de desabastecimiento en algunos supermercados. “El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”, continuó el ministro, quien agregó que “la imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del Gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó. De cualquier manera, si el Gobierno quisiera avanzar con el proceso administrativo en algún caso, las multas podrían alcanzar los $10 millones.

Consultado al respecto, el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, remarcó que “cayeron muy mal estas intimaciones”, ya que “muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento, con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados”.

Además, dijo el directivo, “reconoce el propio Gobierno que la alimentación abasteció durante toda la pandemia a pesar del personal licenciado, los problemas logísticos, la huelga de aceiteros, el corte de 15 días de camioneros, los feriados, las vacaciones del personal y las paradas de planta por mantenimiento”.

En otra de las empresas afectadas aseguraron que están produciendo más que en noviembre de 2020. “En enero, pidieron las producciones de noviembre, diciembre y enero. Se lo dimos; en promedio, la fabricación de esos meses fue más alta que los anteriores”, afirmó el empresario consultado, y agregó que “si bien muchas no están ganando plata, las fábricas tienen que seguir produciendo para cubrir costos fijos”.

En muchos casos los argumentos que ofrecen las compañías al Gobierno son atendibles y la menor producción se adjudica a algún problema puntual derivado del covid o de algún conflicto sindical, pero no menos cierto es que en otros tantos casos la menor producción de ciertos artículos se vincula estrechamente con el control de precios y la imposibilidad de trasladar la suba de costos. “Las empresas hacen lo que pueden y tratan de cumplir la ley pero sin fundirse”, reconocieron en una de las compañías.

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