Reclamo de los abogados porteños por las reformas a la ley de defensa de la competencia

El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires manifestó su “profunda preocupación” por las reformas que se impulsa desde el Congreso a la actual Ley de Defensa de la Competencia (Ley N° 27.442). Desde la organización criticaron tanto los cambios, a los que consideraron perjudiciales, como la “celeridad” con la que se avanza en el tema.

A través de un comunicado, pidieron a los diputados que convoquen a entidades y especialistas en la materia para analizar “en profundidad” los alcances del proyecto de ley, para evaluar todas las disposiciones que atenten contra la protección de la libre competencia.

El 4 de febrero pasado, en el marco de la primera sesión extraordinaria llevada a cabo en la Cámara de Senadores, se aprobó el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 27.442, que había sido sancionada hace dos años, en 2018. Ahora, el proyecto debe ser tratado en la Cámara de Diputados.

“El proyecto elimina, sin ninguna justificación razonable, herramientas clave para detectar, investigar y sancionar conductas que resultarían aptas para restringir la competencia. Esas herramientas han sido adoptadas de manera uniforme en muchas otras jurisdicciones en las cuales la aplicación del régimen de competencia cuenta con años de desarrollo y consolidación, logrando la más efectiva protección de intereses de los consumidores”, explicaron desde el colegio.

“Si las principales modificaciones introducidas por el proyecto son aprobadas por la Cámara de Diputados, tendrán un impacto negativo e inconsistente con el espíritu de la ley, atentando sin dudas contra la efectiva prevención de conductas que afectan la competencia y dañan a los consumidores”, agregaron.

Los abogados porteños criticaron los siguientes cambios:

- La eliminación del “Programa de Clemencia”, donde se establecía un mecanismo para detectar, investigar, combatir y disuadir a los cárteles entre competidores. “Este mecanismo crea incentivos para que esas prácticas sean denunciadas y ha probado ser exitoso para el combate de carteles. Su eliminación constituiría un penoso retroceso, toda vez que facilitaría la impunidad de dichas conductas”, detallaron.

- La eliminación de los “compromisos de cese de conducta”, que permiten al Tribunal de Defensa de la Competencia llegar acuerdos con potenciales infractores en escenarios en que la ilicitud de una práctica no es fácil de ser probada. “Nuevamente, se suprimiría una herramienta valiosa para prevenir y castigar conductas potencialmente dañinas para la competencia. Además de estar incluida en las principales leyes de defensa de la competencia del mundo, esta herramienta es parte de la legislación Argentina en forma ininterrumpida desde el año 1980 y ha sido ampliamente utilizada en el pasado”, dijeron.

- La eliminación del concurso público de antecedentes y oposición para designar a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia. “Esto introduce discrecionalidad en su elección y degrada la transparencia del proceso de selección de los candidatos. El escrutinio del concurso público contribuye a que sean elegidos los candidatos más idóneos para la función”, indicaron desde el colegio.

- La reducción del plazo de duración a cuatro años y la eliminación del mecanismo de designación escalonada de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia. Desde el organismo, señalaron que impide que todos sus integrantes sean elegidos por una misma administración y socava su independencia en el futuro.

- La inclusión de la Autoridad Nacional de la Competencia en la órbita de la Secretaria de Comercio Interior (y no del Poder Ejecutivo como establece la ley vigente).

- La inclusión de un principio según el cual las investigaciones deben ser públicas, en un proceso con sanciones de naturaleza penal. Los abogados consideraron que podría condicionar la defensa de los investigados antes de que se hubiera probado una infracción, pero también entorpecer la investigación y conclusión oportuna de los procesos.

- La eliminación de la autorización tácita de las concentraciones económicas. “Conllevaría la afectación directa al debido proceso legal y crearía una barrera adicional a los procesos de inversión en el país; particularmente considerando que el proyecto de ley acelera la entrada en vigencia del régimen de revisión de concentraciones económicas”, indicaron.

El Colegio también manifestó su preocupación por el adelantamiento de la fecha de entrada en vigor de los cambios previstos en el proyecto de ley, que pasaría a 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial, frente al más extenso de un año desde la puesta en funcionamiento de la nueva Autoridad Nacional de la Competencia previsto en la Ley de Defensa de la Competencia.

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