Las empresas privadas del sector de la salud avanzaron en los últimos días en negociaciones con el Gobierno con una prioridad: el pago de los salarios de enero de sus empleados, que debe concretarse en los primeros días de febrero y donde se verá el impacto de la falta de los ATP y de las medidas de alivio impositivo que estuvieron vigentes hasta diciembre.
Aunque las conversaciones involucraron a los representantes de varios sectores dentro del rubro de la salud privada, en los últimos días se dividieron entre dos segmentos diferenciados: las empresas prestadoras (que incluye a sanatorios, centros de salud y otras entidades) y las empresas financiadoras (donde se ubican las prepagas). Las demandas de ambos sectores son diferentes.
Ahora, la prioridad pasa por los prestadores, que son los que deben afrontar el pago de salarios en los primeros días de febrero y que ya no cuentan con las ayudas que recibieron en 2020. Luego de varias reuniones con el Gobierno, que incluyeron al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, obtuvieron un compromiso de que en los próximos días podrían reestablecerse las medidas de ayuda que se suspendieron a partir de enero.
Esto incluye el Decreto 300 del año pasado, que redujo impuestos para las empresas del sector de la salud privada, como aportes patronales y alícuotas de créditos y débitos bancarios. Por otro lado, a través del Ministerio de Trabajo, se analiza incluir al sector en el programa Repro II, que cubre una parte del pago de los salarios de las empresas.
“Yo creo que el Gobierno terminó de visualizar cuál es el problema porque había una falta de comprensión de la gravedad. El problema grave es que los prestadores no van a poder pagar los salarios. Y el 70% de la prestación del sistema de salud en la Argentina corresponde al sector privado. Nos urge esa asistencia del Estado. Los prestadores son empresas mano de obra intensivas. Una ayuda del 50% del pago de los salarios es determinante”, señaló a Infobae una fuente que participó de las reuniones.
“Planteamos un Repro equivalente al ATP. Eso se está terminando de ajustar”, indicó. Si bien los encuentros se llevaron adelante con representantes de la Unión Argentina de Empresas de Salud Privada (UAS), que agrupa tanto a financiadores como a prestadores, en los últimos días se llevaron adelante en forma más directa con la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS). “Hubo un compromiso de restablecer las medidas”, señalaron.
Prepagas deberán esperar
Por su parte el otro sector, integrado por las prepagas, intenta avanzar en lograr que el Gobierno implemente alguna forma de actualización automática de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, luego de que se diera marcha atrás con un aumento que había sido autorizado para enero. Las prepagas tuvieron una actualización de sus cuotas de 10% durante 2020 y esperaban que les habiliten nuevos aumentos a partir de este mes.
“El problema de las prepagas es que al no recibir actualizaciones tampoco pueden actualizar el valor que pagan a los prestadores. Estamos planteando algún mecanismo de actualización que sea automático, que no sea necesario pedir la autorización al Estado, y que vaya al ritmo del aumento de los salarios. Que esa actualización automática se traduzca también en las tarifas de los costos de los prestadores”, explicó otra fuente del sector.
Según las empresas de medicina prepaga, el valor de la cuota que se requiere para cubrir el costo de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) está desfasado en un 54% y el Gobierno otorgó un aumento de apenas 10%. “Ese desfasaje tiene consecuencias y se deteriora la calidad de la cobertura. Además de los costos de los sanatorios y los centros médicos, las empresas afrontan también el aumento de los medicamentos y el pago a los médicos que están en sus cartillas”, señalaron.
El 31 de diciembre se había publicado en el Boletín Oficial una autorización para un aumento de 7% en las tarifas a partir de febrero. Pero la medida quedó suspendida apenas unas horas después con una publicación especial. Es el segundo ajuste en las cuotas que tuvo una marcha atrás: a fines de 2020 también se dieron de baja aumentos que ya habían sido habilitados.
En el sector, además, hay malestar por las versiones sobre la posibilidad de que el Gobierno avance con una reforma integral del sistema de salud. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya manifestó la necesidad de hacerlo más “eficiente”. Aunque aún no tienen fecha definida, las empresas del sector esperan reunirse esta semana nuevamente con el Gobierno.
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