
El Gobierno dio esta semana el primer paso para darle forma, desde los primeros días de 2021, a una serie de acuerdos de precios con el sector privado, en el marco de una economía que todavía mantiene congelamientos y con una inflación que despertó en los últimos meses. La carne y el aceite, dos bienes de primera necesidad, fueron los primeros rubros en los que el Poder Ejecutivo puso la mira.
Las dos novedades se conocieron con pocas horas de diferencia. En primer lugar, el Ministerio de Agricultura decidió suspender las ventas de maíz al exterior “para dar prioridad al mercado local”. Por la noche, Desarrollo Productivo anunció un acuerdo con la cámara de exportadores y productores para buscar un mecanismo que “contenga” subas de precios de aceites.
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Si bien el Gobierno las presentó públicamente como medidas separadas, fuentes oficiales reconocieron a Infobae que las dos decisiones están vinculadas. El freno de Agricultura a las exportaciones de maíz busca reducir el precio interno y que eso “derrame” en menores costos de producción en distintas cadenas productivas, como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot. La medida generó un amplio rechazo por parte de las entidades que representan a los productores agropecuarios y no se descarta que lleguen acciones de protesta.
Según estimaciones oficiales, ya se exportó casi el 90% de la producción de maíz de este año. Por eso, Agricultura decidió no arriesgarse a que un faltante de esa materia prima para distintas industrias implique un aumento de costos internos y, por consiguiente, un ajuste de precios para los consumidores.
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El acuerdo entre la cámara de exportadores (CIARA) y productores aceiteros, por su parte, cierra la tenaza sobre ese sector en particular. El consenso alcanzado el miércoles a última hora prevé un mecanismo financiero para que la cámara conforme un fideicomiso “que permita asegurar un precio accesible del aceite de consumo familiar y, al mismo tiempo, compensar a los productores aceiteros que abastecen el mercado interno”, explicaron desde Producción.

“Esto le aporta previsibilidad a la industria, con un instrumento que le permite compensar a los productores y garantizar el abastecimiento al mercado interno”, dijo tras el acuerdo el ministro Matías Kulfas. La secretaria de Comercio Interior Paula Español señaló por su parte que el acuerdo “es un punto de partida importante para fortalecer la política de precios de un alimento esencial como el aceite. De esta manera, buscamos cuidar el consumo de los hogares argentinos, conjuntamente con la actividad exportadora”.
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Desde CIARA, el presidente de la entidad Gustavo Idígoras dijo que el acuerdo implicó “un diálogo muy positivo y fructífero”. “Hemos sido convocados por el Gobierno para trabajar sobre esta problemática específica con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, sin distorsionar las condiciones de competencia de la producción, la comercialización y la exportación de aceites del complejo oleaginoso”, apuntó.
No obstante estas declaraciones de ambas partes, del acuerdo del miércoles por la noche no surgió, aún, una nueva lista de precios. Una decena de variedades de aceite está incluido en el listado de Precios Máximos que el Gobierno estableció -con incrementos periódicos acordados- al inicio de la cuarentena, como una medida defensiva para evitar subas en las góndolas.
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Entre los productos actualmente incluidos en las listas de referencia, hay botellas de cuatro marcas distintas, de 900 mililitros o 1,5 litros (de girasol o mezcla), con precios de entre $98 y $158. El marco acuerdo con la industria aceitera es el primer paso para incluir a estos bienes en el nuevo Precios Cuidados, que absorberá a Precios Máximos.
La idea central del nuevo catálogo de valores al consumidor acordado con las empresas de consumo masivo y los supermercados será el desarme paulatino de Precios Máximos en favor de un listado más robusto de Precios Cuidados. Las negociaciones con el sector privado comenzarán poco después del brindis de fin de año: el 6 de enero termina el programa vigente.
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La semana que viene además tendrá lugar la primera reunión entre las autoridades de Desarrollo Productivo y los frigoríficos para avanzar en un acuerdo para los valores de la carne al consumidor, que si bien no estarán incluidos en el listado de Precios Cuidados, tendrán un esquema de coordinación similar: un pacto anual con subas periódicas y autorizadas.
Desde los frigoríficos prefieren por el momento no opinar sobre el plan -ya anticipado públicamente por los funcionarios- hasta que la propuesta formal no esté sobre la mesa.
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A grandes rasgos, la cartera que dirige Matías Kulfas busca emular el “mini acuerdo” de precios que alcanzó con los frigoríficos antes de las Fiestas para ofrecer tres cortes populares a un valor determinado en 1600 bocas de expendio de todo el país, incluyendo supermercados.
La segunda etapa incluirá, a priori, entre diez y doce cortes de carne. La idea es que el consenso con el sector privado tenga vigencia durante todo 2021 y que los productos elegidos para formar parte del programa tengan una actualización -que los funcionarios aún no definieron si será trimestral o más espaciado- para que no queden desactualizados por la inflación de ese período, según adelantaron a Infobae fuentes oficiales.
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Según estimaciones del presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, el precio de la carne vacuna al consumidor cerrará 2020 con un aumento interanual superior al 50% y un salto en las últimas semanas en torno del 25%, el cual podría retrotraerse entre un 10% y 15% a partir del año que viene.
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