La discusión por la usurpación de tierras trajo un impacto en el Congreso de la Nación. El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) acaba de presentar un proyecto de ley con el que se busca dotar de herramientas para que la justicia pueda dictaminar sobre una toma en menos de 72 horas.
Los diputados nacionales Lidia Ascárate y José Cano presentaron un proyecto de ley que apunta a garantizar el derecho a la propiedad privada en menos de 72hs para todos los casos de intrusión o usurpación. La iniciativa fue presentada por los diputados tucumanos con el apoyo de una veintena de diputados del Bloque Radical en la Cámara baja y busca dotar a los jueces de herramientas que otorguen mayor rapidez a la hora de resolver cualquier situación en la cual se pongan en riesgo las garantías y el derecho a la propiedad privada.
“Las modificaciones que proponemos en el Código Procesal Civil y Comercial, y la incorporación de nuevas herramientas en el Código Penal Federal son medidas cautelares genéricas o innominadas, y tienen la finalidad de posibilitar a que el titular damnificado obtenga la restitución de su inmueble en menos de 72 horas aun cuando siguiera en curso el juicio por desalojo o usurpación. Es decir que ante un hecho de usurpación, el Juez tendrá un plazo de no más de 3 días para restituir la propiedad a sus legítimos dueños”, explicaron los diputados. En este sentido, Ascárate aseguró que “la celeridad en la protección de los derechos es fundamental para afianzar la Justicia”, explicaron desde el bloque mediante un comunicado.
El proyecto lleva también la firma de los diputados Miguel Bazze, Ximena García, Juan Martin, Gustavo Menna, Diego Mestre, Claudia Najul, Miguel Nanni, Luis Mario Pastori, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti y Federico Raúl Zamarbide, entre otros.
El proyecto tiene pocas posibilidades de que obtenga viabilidad en el Congreso de la Nación ya que quedan pocas semanas para que terminen las sesiones ordinarias y tiene casi nulas posibilidades de que forme parte del temario que se está preparando en la Casa Rosada para las sesiones extraordinarias -sólo se tratan temas a pedido del Ejecutivo-.
En la provincia de Mendoza, gobernada por el radicalismo, en medio de la toma de tierras que tuvo como epicentro el caso de Guernica en la provincia de Buenos Aires, creó un grupo de fiscales especializados en el tema. En este caso, hay un fiscal especialmente designado para seguir los casos de toma de tierras y a este se le suman otros fiscales, autoridades de la policía provincia y del Ministerio de Seguridad.
Según publicó hace unos días Infobae, sólo en la provincia de Buenos Aires hay 97 tomas de tierras activas y judicializadas. Algunas ya tienen orden de desalojo. En otras hay negociaciones en curso entabladas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. En el resto, aún no se tomó ninguna decisión. Según los expedientes judiciales, la superficie usurpada es de unas mil hectáreas, distribuidas en 25 municipios del conurbano bonaerense y del interior de la provincia.
Según los datos que fueron aportados por las intendencias, 39 de esas tomas fueron iniciadas a partir de noviembre de 2019 y se extienden hasta el 7 del mismo mes de 2020; las otras 58 ya tienen más de un año sin resolución porque las tierras fueron tomadas antes de noviembre del año pasado.
Pero la toma de tierras no es una potestad de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se concretaron casos de intrusiones en diferentes provincias. Además de Mendoza, Río Negro, Misiones, son algunas de las zonas en donde hoy hay casos judicializados.
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