
A días del tratamiento en diputados del proyecto del impuesto a la riqueza, se renuevan las críticas del campo a la movida del Frente de Todos.
En el ámbito de la producción agropecuaria aseguran que en un momento del país donde se requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y traccionen la salida de la crisis, “el nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”.
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Con un documento titulado “No más impuestos a la producción y el crecimiento”, los integrantes de la Mesa de Enlace expresaron que el gobierno “sigue sumando impuestos que debe afrontar el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.
Y agregaron: "El mal llamado impuesto a la riqueza, es un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina las necesita desesperadamente. Es decir que, en un intento de resolver el enorme déficit fiscal, producto de sostener un gasto público que no sólo no se aminoró durante la crisis sino, por el contrario, crece día a día, afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.
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Además los representantes de los productores señalaron que el nuevo impuesto, “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio. Ello hace que, en un gran porcentaje de los casos, los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.
Por otro lado, los dirigentes advirtieron que de aprobarse el proyecto del oficialismo “se afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rendimientos, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos”.
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En la parte final del documento, hay una crítica de la Mesa de Enlace al oficialismo: “Por un lado, se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo y, por el otro, se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo. Por si fuera poco, es contrario al federalismo, ya que al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.
“Y lo que es más grave aún: su título es engañoso, ya que solo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”, concluyó el documento.
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El pronunciamiento de Santa Fe y Córdoba
Las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace de Santa Fe y la Sociedad Rural de Jesús María, también opinaron sobre la iniciativa del oficialismo.
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“No hay lugar para más impuestos”, manifestaron los representantes de los productores santafesinos. Y a todo esto, agregaron: “Estamos convencidos que el nuevo proyecto es lisa y llanamente otro impuesto que afecta a la inversión, que es el único sendero para la generación de empleo genuino. Además atentará contra la Constitución Nacional, la seguridad jurídica y el federalismo. Hoy más que nunca necesitamos políticas y reglas claras que lejos de sumar incertidumbres u divisiones, fomenten la producción y la confianza en Argentina”.
Además, enviaron un mensaje a los diputados nacionales: “Tienen que saber que de aprobarse el proyecto, agravarán aún más el actual clima de desconfianza que predomina en la economía nacional”, señalaron.
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Por último, los miembros de la Sociedad Rural de Jesús María, en la provincia de Córdoba, alertaron que el impuesto a la riqueza “es inconstitucional por su carácter confiscatorio, su retroactividad, por no contemplar la capacidad contributiva y por desigual”, explicaron.
“Toda medida que genere desconfianza sólo hará más difícil superar la actual crisis. Si lo que se quiere es lograr el desarrollo productivo y mejorar la situación en la que estamos sumergidos, evidentemente el incremento de la carga tributaria no es el camino”, manifestaron.
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