Esta semana, finalmente la cámara de Diputados aprobó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que promueve incentivos fiscales para empresas vinculados a la industria tecnológica hasta 2029. Sin embargo, las cámaras que agrupan a las compañías del sector criticaron algunos aspectos de la nueva ley.
El proyecto original había sido aprobado por Diputados en junio y luego fue modificado por el Senado. Por eso, regresó a la Cámara Baja. Entre los cambios se incorporó el “escalonamiento” de los beneficios a las empresas según su tamaño (grandes, medianas o pequeñas).
Desde Argencon —la cámara que agrupa a empresas las exportadoras de servicios del conocimiento— valoraron la aprobación de la nueva ley pero advirtieron que con los cambios introducidos al proyecto original disminuyeron los incentivos para los sectores que mayor potencial de desarrollo tienen, que son los vinculados a los mercados externos.
Según la entidad, es positivo que se haya mantenido el alcance de las actividades definidas como economía del conocimiento de la ley original, ya que fue uno de los sectores que logró sostener el empleo durante la pandemia. Sin embargo, criticaron la imposición de un cupo anual a los beneficios y que se haya otorgado a la autoridad de aplicación la facultad de redistribuir y modificar los requisitos. “Crean un margen de incertidumbre sobre aspectos centrales del régimen a futuro”, aseguraron en Argencon, a través de un comunicado.
“El diseño de los beneficios establecido en la reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen. La relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta tres a uno”, explicó Luis Galeazzi, director Ejecutivo de Argencon.
“Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”, agregó.
La nueva ley prevé una reducción del 70% en los aportes patronales, computable para impuestos nacionales; una rebaja del 60% en la tasa del Impuesto a las Ganancias para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
Para acceder, las empresas deben acreditar que el 70% de la facturación total del último año se generó a partir de las actividades promovidas, entre otros requisitos.
Por su parte, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) también se manifestó a favor de la aprobación, pero advirtió sobre algunos puntos negativos de la nueva legislación. En primer lugar, sobre la pérdida de beneficios en los casos de disminución del personal. “No se puede subsanar el incumplimiento y podría impedir que las empresas se vuelvan a inscribir cuando lo superen, porque perdió vigencia el beneficio. Recomendamos que la reglamentación tenga en cuenta las dificultades. Principalmente, en reducciones de nómina donde la empresa no tiene posibilidades de incidir como renuncias, jubilaciones, acuerdos de partes y casos extremos como fallecimientos”, detallaron.
Las empresas son sujetos de retención de IVA y el bono fiscal que obtienen se utiliza para pagar ese impuesto. Por eso, a través de Cessi, pidieron trabajar con el órgano de aplicación y con la AFIP para lograr que el beneficio sea aplicable y se pueda percibir.
“En un contexto en el que 40% de los habitantes están en situación de pobreza, la industria del software es uno de los grandes dinamizadores de la economía, ya que ofrece pleno empleo, registrado y con oportunidades de desarrollo profesional. Por eso, es necesario que la Ley de Economía del Conocimiento sea el comienzo de un nuevo marco regulatorio que impulse diversas políticas públicas para el desarrollo de la innovación local”, expresó Sergio Candelo, presidente de Cessi.
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