La provincia de Mendoza se convirtió en el primero de los distritos del interior del país que logró alcanzar un acuerdo con los acreedores internacionales y reestructurar su deuda.
Ayer por la tarde, el gobierno de Rodolfo Suarez comunicó que logró la aceptación del canje de deuda del 92% de los acreedores y de esta manera salió del default en el que había caído por el incumplimiento de una cuota de la deuda por 530 millones de dólares que finalmente logró reestructurar.
“Logramos a un principio de acuerdo con un grupo de tenedores de deuda que nos permiten llegar a buen puerto y superar el 75%”, informó el ministro de Hacienda mendocino, Lisandro Nieri. El porcentaje al que hace referencia el funcionario mendocino tiene que ver con la Cláusula de Acción Colectiva que estaba establecida en ese porcentaje y que llevó a que la provincia extendiera el plazo porque había alcanzado sólo el 66 por ciento.
Ahora, con esta última oferta, Nieri informó que se llegó al 92% de la aceptación del canje del Bono PMY24 por casi 530 millones de dólares. “Era un título cuyas amortizaciones en tercios se pagaban en los años 2022, 2023 y 2024. La vida promedio a partir de ahora se va a extender significativamente logrando lo que buscábamos de un aplanamiento de la curva y las amortizaciones serán pagadas ahora desde 2023 al 2029, más que duplicando la duración de este bono”, explicó el funcionario en conferencia de prensa.
Con esta reestructuración, Mendoza pasó a tener vencimientos del nuevo bono en marzo de 2029 y, al igual que logró la Nación, la provincia obtuvo un período de gracia para comenzar los pagos de las cuotas de los intereses en septiembre de 2021.
La provincia había contratado a Credit Suisse Securities y AdCap Securities para que actúen como gestores para la invitación del canje.
Semana de pagos
La noticia se conoce en una semana en que registra varias obligaciones por parte de varias provincias. Salta pagó ayer vencimientos del SA21 por $ 34,9 millones. La provincia tiene un pasivo externo de USD 350 millones que vencen en 2022, 2023 y 2024 y, al igual que el resto, busca extender los plazos de pago y reducir los intereses.
Lo mismo hizo Córdoba, que afrontó el primer servicio de renta del bono CO23 por un total del $ 673,7 millones. Córdoba está negociando la reestructuración de una serie de bonos bajo ley extranjera por USD 1.685 millones, pero aunque la calificadora le bajó la nota corre con la ventaja de que los vencimientos de capital son recién en 2021, por lo que tiene margen de tiempo para negociar.
Para el viernes, la provincia del Chaco que se encuentra en default tiene cuatro vencimientos de Letras de Tesorería, por un total de $2.073,4 millones, para lo cual ya publicó aviso de pago.
Pero los tiempos se acortan. La mayoría de estos distritos ya comenzaron sus procesos de renegociación de deuda y entrarán en la variante de ir extendiendo los plazos como sucede con Buenos Aires que llevó hasta el próximo 11 de octubre el plazo para lograr un acuerdo por la deuda de USD 7.148 millones.
En la misma línea se encuentra Neuquén, que busca reestructurar una deuda de USD 900 millones que ya va por su segunda postergación. En este caso, fijó la fecha unos días antes que Buenos Aires, el próximo 9 de octubre.
Tierra del Fuego inició conversaciones formales con los acreedores con miras a reperfilar el endeudamiento de USD 200 millones, tomado en 2017 a través de la colocación de títulos públicos con la garantía de ingresos por coparticipación de hidrocarburos.
Por último, la provincia de Río Negro volvió a extender el plazo de negociación con sus acreedores y llevó la fecha hasta el próximo 9 de octubre. Frente a la falta de adhesiones, la provincia que tiene buena parte de su deuda atada a las regalías petroleras definió una nueva extensión para lograr una renegociación de un pasivo que alcanza los 694 millones de dólares.
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