El Congreso autorizó al gobierno a gastar $2 billones por encima del Presupuesto que en su mayoría se destinarán a subsidios y programas sociales

Finalmente, el Gobierno nacional cuenta con la ampliación presupuestaria para lo que resta de 2020. Luego de un acuerdo parlamentario entre el oficialismo y la oposición, el Senado de la Nación trató sobre tablas y aprobó el proyecto de ampliación del Presupuesto para este año, norma que prevé un aumento de casi 1,9 billones de pesos y que estipula un crecimiento de las partidas un 33,6% por encima del gasto original y la forma en la que se va a financiar buena parte de ese incremento.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, había explicado que con esta ampliación deja al Gobierno “con un financiamiento razonable para lo que resta del año”, y adelantó que el próximo 15 de septiembre el gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2021 para que comience a ser estudiado por los legisladores.

Con esta ampliación la Administración Gubernamental pasa de tener el 57,7% del crédito ejecutado al 43,7%, los Servicios de Defensa y Seguridad de 55,8% a 42,2%, los Servicios Sociales de 61,6% a 44,8% y los Servicios Económicos del 60,6% al 38,8 por ciento.

El ítems Servicios de la Deuda es el único que no tiene un alto nivel de ejecución porque, básicamente, la Argentina estaba renegociando durante el primer semestre con los acreedores internacionales.

A la hora de hablar de la financiación de esta ampliación, el proyecto aprobado explica que parte será a través de los adelantos transitorios del Tesoro y de las utilidades del Banco Central de la República Argentina y que esos montos no constituyen una violación a la norma establecida respecto de los préstamos.

El déficit a financiar es de 1,2 billones de pesos más $91.948 millones que son fondos destinados a créditos para las provincias. De ese número, $1.017.783 provienen del Banco Central y $290.948 millones como financiamiento a través del endeudamiento del mercado local.

Con esta ampliación, los recursos tributarios se incrementarían en un 16,4%. Entre ellos, los que más crecen son Bienes Personales (105,6%), Tasa de Estadísticas (69,5%) y Monotributo Impositivo (32,3%).

Asimismo, el Impuesto PAIS-tributo que se cobra por la adquisición de moneda extranjera- que en el Presupuesto inicial del 2020 estaba proyectado $ 59.220 millones la estimación de la ampliación presupuestaria lo lleva a 79.604 millones de pesos.

La norma, que ahora tiene que ser publicada en el Boletín Oficial, señala que la ampliación de los casi 2 billones de pesos se gastará, en un 80%, en asistencia para contener la caída económica y a los diferentes sectores sociales. Así es que la ampliación presupuestaria establece que $592.256 millones serán para prestaciones de la Seguridad Social, $ 250.677 millones para subsidios económicos (en donde los que están destinados a la energía se llevan el 82% y Transporte -en donde se creó un fondo para las provincias- el 18% restante), $170.000 millones para Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) (53% y 47% respectivamente), $150.000 millones para asignaciones (familiares 59% y AUH 41%), otros $125.000 millones para gastos de capital.

En el caso de Desarrollo Social se destinarán $78.000 millones, otros $63.000 millones para Educación y $51.710 millones para Salud.

La discusión que se desarrolló en Diputados y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda también estuvo presente en el recinto y tuvo que ver con los artículos 7 y 8 que establecen una emisión de deuda en dólares que puede ser canjeable por títulos en pesos.

Con la colocación de tres tramos USD 500 millones de dólares cada uno, el gobierno busca tentar a los fondos como Pimco y Templeton a los que señala como “pocos colaborativos” y de esa manera correr los vencimientos de esos bonos para más adelante. En la oposición reclaman que la medida “tiene que tener un límite”.

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