Esta semana, representantes del sector inmobiliario se reunieron por teleconferencia con funcionarios del Gobierno y llevaron algunas de sus propuestas para reactivar la actividad. Entre ellas, un plan de Viviendas de Interés Social, libres de impuestos y con obligatoriedad de alquiler por ocho años, basado en el “modelo uruguayo”.
La reunión fue encabezada por el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y los integrantes de la Mesa de Profesionales de la Vivienda, conformada por instituciones profesionales y empresariales del sector inmobiliario y de la construcción.
Una de las propuestas fue un modelo de construcción basado en el régimen de “viviendas promovidas”, con desgravación de impuestos para la construcción de propiedades para sectores medios y bajos, que se desarrolla en Uruguay desde 2017. La propuesta del sector, en el caso de la Argentina, es que haya una baja de impuestos para la construcción privada cuando el propietario se comprometa a alquilar la propiedad en los primeros ochos años, por ejemplo.
Los profesionales del sector inmobiliario también pidieron que se reimplementen los Certificados de Depósito para la Inversión (Cedin), porque consideran que permitirían reactivar el mercado en el corto plazo.
Los Cedines nacieron en 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como medio de pago para inversiones en el mercado inmobiliario o proyectos de construcción de viviendas. Entonces, ese certificado se obtenía a través de un blanqueo de capitales y se podían entregar para la compra de una propiedad. El que lo recibía podía cambiarlo por dólares en el momento de la operación.
El ministro Kulfas conoce todos los detalles sobre la operación con Cedines: cuando se implementaron ocupaba el cargo de gerente General del Banco Central y fue uno de los que trabajó en su reglamentación. Sin embargo, la propuesta no tendría demasiadas chances de prosperar, ya que implica un blanqueo de capitales que no está en los planes del Gobierno.
Los Cedines se comenzaron a utilizar en 2013, pero su uso no fue muy extendido. Sin embargo, como no tenían una fecha de vencimiento, todavía algunos continúan en circulación y son utilizados para cerrar compras inmobiliarias al momento de la firma de las escrituras.
“Fue una buena reunión. Nos escucharon. También sería bueno un plan de financiamiento para créditos hipotecarios ajustados por salarios, como la fórmula que se va a aplicar en los créditos Procrear”, señaló Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).
Los profesionales también solicitaron la reglamentación de la Ley 27.6467, por la cual las unidades con un valor de hasta 140.000 UVAs no pagarían impuestos. Y la puesta en práctica de un Plan de Viviendas en tierras públicas: los desarrolladores urbanos podrían construir edificios en esos terrenos con la entrega de una determinada cantidad de unidades al Estado en parte de pago.
“Nuestro sector realmente la está pasando muy mal, estamos en una situación muy angustiosa, y no solo por la crisis sanitaria, sino por una caída estrepitosa que ya lleva más de dos años. Pero todos los que participamos de esta mesa y del sector estamos comprometidos en trabajar, cuidando no solo la vida y la salud, sino también los miles de puestos de trabajo que dependen del sector”, señaló Pepe.
En las próximas reuniones, la Mesa de Profesionales de la Vivienda se unirá con la otra mesa del sector que trabaja junto al Ministerio, que está conformada por la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Cámara Argentina de la Construcción.
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