Sin vencimientos de deuda y sin un plan establecido, el gobierno encamina su rumbo económico

Más allá de las demoras y de los números del deal final, que siempre son materia opinable, ni la negociación ya acordada con los acreedores privados, ya acordada, ni la negociación con el FMI, a punto de comenzar, harán que el gobierno trace un plan, una hoja de ruta o, al menos una serie de pautas a las cuales ajustarse. La expectativa inicial de arreglar la deuda para luego comenzar a crecer, planteada desde los primeros días de la administración de Alberto Fernández, comienza ahora a ponerse en práctica con las demoras de la propia negociación y de la pandemia, pero sin compromisos ni metas de ninguna clase.

“Si lo que están pensando es en un powerpoint en el cual definamos acciones rígidas al que nos tenemos que atar, no lo vamos a hacer, no consideramos que eso sea conveniente de hacer política económica. ¿Cuándo funcionó eso en la Argentina? Nunca”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentar los detalles del acuerdo en el Microcine del Palacio de Hacienda.

Según explicó, los pagos de deuda a acreedores privados bajo ley extranjera se reducen a USD 4.500 millones en los próximos cinco años en lugar de los USD 30.200 millones previstos, con un peso relevante recién a partir de 2024. La deuda en dólares bajo ley local, incluida en esos montos, seguirá una suerte similar, según votó anoche el Congreso. Guzmán confirmó además que la expectativa del gobierno es alcanzar un nivel de adhesiones suficiente para que entren en acción las Cláusulas de Acción Colectiva, que obligan a los acreedores minoristas a adherir a lo acordado por los grandes fondos, por lo que la aparición de holdouts tampoco genera preocupación.

En febrero,el Presidente negó que su gobierno no tuviese un plan económico. “No contamos el plan porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas”, dijo entonces. En julio, en una entrevista con el diario inglés Financial Times, señaló: “Francamente, no creo en los planes económicos”.

Ya sea porque no lo tiene o porque no desea tenerlo, lo cierto es que la negociación está a punto de terminar y la agenda pasa por otro lado. El paso siguiente de la agenda es seguir aliviando la billetera del estado de los próximos años mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para devolverle los USD 43.000 millones que el país recibió durante el macrismo. El ministro dijo que aspira a cerrar un nuevo programa con el FMI. Está claro que el gobierno no quiere recibir fondos frescos; de hecho, nunca hizo ningún movimiento por acceder a los USD 13.000 millones incluidos en el programa negociado en 2018 (que “ya no está activo”, recordó Guzmán) y que nunca fueron utilizados.

La prioridad es correr los vencimientos, que comienzan a tomar relevancia a fines de 2021 y que no van a ser cubiertos. “La Argentina no puede pagarle al FMI en los tiempos establecidos. Por eso necesitamos un programa bien distinto al de la gestión anterior, con premisas que nosotros consideramos sensatas sobre el funcionamiento de la economía: cómo debe ser una política fiscal y monetaria en momentos de recesión. Hacia allí avanzaremos”, anticipó Guzmán.

Traducido a los hechos y los antecedentes de algunos protagonistas, la afirmación de Guzmán implica que no puede esperarse limitaciones en el gasto público o en la emisión del Banco Central para financiar al Tesoro durante bastante tiempo. Los paliativos sociales de la pandemia, por supuesto, incrementan las necesidades.

A la vez, cierto rigor en ese terreno suele ser un prerequisito para llegar a cualquier clase de acuerdo con el FMI. En la negociación de deuda con los privados, prevalecen los términos de la oferta. Los programa con el FMI, en cambio, suelen tener exigencias y controles de llevar adelante determinadas políticas o alcanzar pautas específicas, que son justamente las que el Gobierno no desea asumir. Guzmán lo dejó en claro. Tal vez confía para ello en su buena relación con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo, al que nombró en primer lugar a la hora de agradecer los apoyos recibidos.

En ambas negociaciones, la prioridad para el gobierno pasa tanto por las fechas como por los montos. Un mandato sin vencimientos de deuda cuantiosos tal vez le traiga a Alberto Fernández nostalgias de los años del gobierno de Néstor Kirchner, transitados entre el default y la renegociación que llevaron adelante Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen. Tampoco entonces hubo esfuerzo fiscal para cumplir con el FMI, ya que se utilizaron las reservas del Banco Central para ese cometido.

Lo que Guzmán dejó claro es que no anticipará sus movimientos: “En un contexto como el actual, mantener cierta flexibilidad es fundamental. Por eso decimos que tenemos principios y objetivos sobre cómo manejar la economía.”

Los dólares que necesita la Argentina, señaló Guzmán, llegarán a través de “un crecimiento de las exportaciones que le permita al mercado interno argentino crecer de una forma sostenida en el tiempo y que no nos quedemos sin divisas”. Entre los objetivos, mencionó el incremento de la productividad y la generación de empleo.

El acuerdo sellado con los bonistas, enfatizó el ministro, “va a generar condiciones de saneamiento a las finanzas públicas, de certidumbre al sector privado y le va a dar al país otra plataforma para poder despegar cuando la pandemia nos dé tregua”.

Guzmán apuntó además a la “desdolarización” de la economía nacional y a la necesidad de generar ahorro en pesos, así como también establecer una curva de financimiento para el Estado en moneda local, que ya considera normalizado.

En ese mensaje tan contundente subyace la decisión de que hay cepo cambiario para rato. En el corto plazo, así como no modifica la intención del gobierno de no contar con un programa económico preestablecido, el acuerdo tampoco modificará el rígido esquema de control de cambios que Alberto Fernández heredó de Mauricio Macri y que, al ritmo de la pandemia y de la escasez de dólares, fortaleció en los últimos meses.

Al menos en el corto plazo, el cepo cambiario no tendrá grandes modificaciones en sus dos facetas principales: los USD 200 mensuales que los argentinos pueden comprar para ahorrar, conocidos como el dólar “solidario” y las estrictas regulaciones a las que los importadores deben ajustarse para acceder a las divisas.

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