Semanas atrás la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció el final de la campaña de soja 2019/2020. La producción total alcanzó las 49.600.000 toneladas, con rendimientos de 29,4 quintales por hectárea, y una siembra de 16,8 millones de hectáreas. En comparación al ciclo previo, pese a haberse registrado una misma superficie sembrada, el estrés hídrico que afectó al cultivo en sus etapas críticas generó caídas interanuales del orden del -12% en rendimiento y -10% en producción”.
Los mejores rendimientos se ubicaron sobre el centro de la región agrícola, más precisamente en las regiones Núcleo Norte, Núcleo Sur y Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires. Estas mismas regiones son las que alcanzaron los mayores volúmenes de producción, no solo por los rendimientos cosechados sino también por su gran participación en área sembrada.
Además, los técnicos de la Bolsa porteña, señalaron que se estima que el 68 % del área cosechada fue aportada por lotes de primera, que finalizaron con un rendimiento promedio de 32 quintales por hectárea, por debajo de los 36,2 quintales por hectárea estimados para el ciclo previo, pero es similar al promedio de las últimas cinco campañas.
El otro 32 % del área cosechada corresponde a lotes de segunda, que finalizaron el ciclo con un rendimiento promedio de 23,9 quintales por hectárea, reflejando una caída interanual de -3,4 quintales por hectárea, pero se ubicó 1,5 quintales por hectárea por encima al promedio de las cinco campañas previas.
Si bien el ciclo anterior de la oleaginosa se ubicó entre los 7 mejores de los últimos 20 años, el productor realizó una fuerte inversión por hectárea con la aplicación de la mejor tecnología, pero al hacer un balance desde lo económico, tuvo una escasa rentabilidad por los efectos de la elevada presión impositiva. Como viene sucediendo desde hace tiempo, el gran ganador es el Estado.
Un estudio realizado por el consultor y ex Secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, determinó el resultado conseguido por un productor de soja en un campo arrendado, a 300 kilómetros de los puertos del Gran Rosario, con un rendimiento de 35 quintales por hectárea y un alquiler de 1 quintal por hectárea.
El trabajo de Roulet permitió determinar el ingreso que tuvo el productor por hectárea de soja, a lo que se restan las retenciones, el costo del flete para trasladar la mercadería a la zona portuaria, los costos de alquiler y el pago del resto de los impuestos, y finalmente la ganancia que obtiene el productor.
Según reflejó el estudio, aquel productor que sembró en campo alquilado realizó una inversión por hectárea de 741 dólares, que equivale a 32 quintales por hectárea. El ingreso de dólares al país por hectárea fue de 1.155. De ahí hay que descontar los costos de producción que llegaron a 465,01 dólares; los costos de fletes por el envío de la producción al puerto, que llegó a 22,75 dólares, y los costos de infraestructura que se ubicaron en 20 dólares.
Por su parte, el ingreso al Estado mediante el cobro de los impuestos y sin asumir ningún tipo de riesgo, significó el 45,80% del negocio total de la oleaginosa y alcanzó los USD 529,17 por hectárea, de los cuales USD 329,5 por hectárea correspondieron a las retenciones.
En todo este contexto, el productor solamente obtuvo una ganancia de USD 3,96, lo que representó el 0,34% del total del negocio de la oleaginosa de la campaña anterior.
Por su parte, el dueño del campo que alquila el mismo a 12 quintales por hectárea, una vez restado el costo impositivo le quedó un neto de 114,11 dólares por hectárea, lo que equivale a cobrar 4,95 quintales por hectárea.
Recordemos que un reciente informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reflejó que la participación del Estado en la renta agrícola era de casi un 70% en junio pasado, donde un 26% del total de los impuestos son coparticipables, un 67% son nacionales (no se coparticipan), un 5,2% son provinciales y un 0,8% municipales.
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