
Más allá de los meses de demora, el Gobierno podría terminar consiguiendo un acuerdo histórico con la deuda. No es una exageración: con un arreglo con todos los grandes grupos de accionistas podría conseguir arriba del 90% de adhesión al canje, lo que implica que por las Cláusulas de Acción Colectiva en realidad ingresarían en la transacción el 100% -es decir la totalidad- de los bonistas.
Los tres consorcios habían manifestado la semana pasada que junto a otros grupos de acreedores que no podían mencionar llegaban al 60% de las tenencias. El resto se completaría con otros tenedores institucionales y en particular los inversores minoristas que en buena medida ya decidieron participar de la oferta. La mayoría de los que integran este último grupo son argentinos con cuentas en el exterior y en menor medida en el mercado local.

Puesto de otro modo, finalmente Martín Guzmán –aún haciendo concesiones en materia de pagos y de cláusulas legales- conseguiría evitar que permanezcan sobrevolando fondos “buitre” cuyo único objetivo es litigar contra la Argentina. Alberto Fernández tendrá desde ese punto de vista un panorama algo más despejado para llevar adelante su gobierno. Los desembolsos que tendrá que hacer hasta 2023 apenas rozan los USD 2.500 millones (el número fino se conocerá en las próximas horas) y no deberá soportar el hostigamiento de acreedores cuyo único objetivo es embargar a la Argentina y sellarle el acceso a nuevo financiamiento.
Las Cláusulas de Acción Colectivas que figuran tanto en los bonos emitidos en 2005 como a partir de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, fueron una gran ventaja desde el principio de la negociación. Evitaron que ningún fondo de inversión o acreedor individual se “corte solo” y se niegue a participar de las negociaciones. Eso había sucedido en la reestructuración de deuda que realizaron Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, que llevó más de un año y medio. En aquel momento consiguieron el 76% de aceptación y hasta el día de hoy hay bonistas que siguen reclamando ante tribunales neoyorkinos, más de 15 años después.
Ecuador marcó también el camino con una adhesión del 91% en un proceso que resultó menos escabroso que el encarado por el gobierno de Alberto Fernández. Pero en la renegociación local pesan además componentes relacionados con la ideología y la política en una coalición de Gobierno que obliga a equilibrios entre moderados y el ala más dura del kirchnerismo.

A pesar de que se leyó como una mala noticia, la decisión de los tres consorcios de acreedores de negociar juntos fue lo mejor que podría haber pasado de ambos lados. El motivo es que ya no se trata de varias “cabezas” para conformar sino que resultó posible concentrar mejor los esfuerzos para llegar a una propuesta final y eventualmente al acuerdo. De hecho, Guzmán se quejó en varias oportunidades por las distintas ofertas que le iban acercando los distintos consorcios.
Si finalmente se confirma esta gran adhesión mayoritaria al canje, las chances de que los nuevos bonos argentinos tengan un importante rally cuando salgan a cotizar no es menor. O posiblemente esto ocurre incluso antes del 4 de septiembre, ya que los papeles comenzarán a operar en el denominado “mercado gris”.
Concretamente, una aceptación masiva de la propuesta –cercana a los U$S 55- tranquilamente podría llevar a la deuda argentina a rendir en la zona del 10% anual en dólares, que es la hipótesis que se viene manejando al menos hace un mes, al conocerse la nueva propuesta del Gobierno.
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