La contrapropuesta que hicieron pública ayer los tres grupos de bonistas organizados que negocian la reestructuración de la deuda argentina bajo ley extranjera está extremadamente cerca de la que presentó semanas atrás el ministro de Economía Martín Guzmán y, de hecho, además resigna muchos de los reclamos respecto de la elaboración de la letra chica de los contratos de los nuevos papeles que emitiría la Argentina. Mientras que a principios de junio los fondos exigían desembolsos mayores en USD 27.000 millones, la nueva contraoferta supone pagos de la Argentina por apenas USD 1.600 millones más de lo que ya ofreció Guzmán (total de los bonos ofrecidos en el rango de años 2021-2041). Así, lo que piden los bonistas resulta apenas un 1,7% más, pero las diferencias hoy parecen más políticas que financieras.
Los cálculos del mercado respecto del valor presente de la oferta lanzada ayer por el Exchange Bondholder Group, el Ad Hoc Argentine Bondholder Grou, y el Argentina Creditor Committee arrojan que, de ser aceptada la contrapropuesta, los acreedores recibirían nuevos bonos de un valor presente de USD 56,10 por cada USD 100 nominales en viejos bonos que entreguen. Ese “valor presente” estima el precio de mercado que deberían tener hoy, en promedio, los nuevos papeles que surgirían de un acuerdo si la tasa argentina estuviera en torno al 10%.
Así vista, la distancia es apenas de USD 3 respecto de la oferta que presentó Guzmán, en USD 53,10 de promedio. Es, seguro, ínfima. Y un acercamiento enorme respecto de la oferta inicial argentina de reconocer USD 43 por cada USD 100 y de las pretensiones privadas de percibir USD 60 por cada USD 100.
Pero hay otra forma de ver esa diferencia y tiene que ver con los flujos de fondos. “La diferencia en términos de perfil de vencimientos entre lo que ofrece Argentina y lo que piden los bonistas es extremadamente pequeña a esta altura: los comités piden apenas USD 1.000 millones más de flujos en el actual mandato presidencial y, en total, USD 1.600 millones durante la vida total de los bonos”, analizó un informe de la consultora 1816.
“La diferencia en términos económicos entre ambas propuestas es mínima, de apenas USD 1.600 millones distribuidos en alrededor de 15 años. Esto es alrededor de medio punto de PBI, lo que nos hace pensar que el hecho de que haya acuerdo o no, ya no depende tanto de los términos económicos sino más bien de cuestiones legales o políticas”, coincidió Martín Przybylski de Consultatio Asset Management.
La deuda argentina Ley extranjera que está en juego en la negociación llega a USD 66.306 millones que, mirados como perfil de vencimientos de capital más intereses, supone pagos por USD 126.369 millones hasta 2117, fecha de vencimiento del Bono Centenario, el título más largo elegible para el canje. Mientras tanto, la oferta de Guzmán supone pagos de aquí a 2041 en concepto de capital e intereses por USD 91.700 millones nominales y la solución propuesta por Blackrock, Ashmore y compañía supone pagos extra muy cercanos a esa cifra. ¿Por qué pagos “nominales”? Porque en términos financieros, un dólar hoy no vale lo mismo que en 2041. Por eso, para comparar valores actuales con los de dentro de 21 años se aplican tasas de descuento que arrojan el valor presente de esos pagos futuros.
Así estimados, los USD 1.600 millones de diferencia estiran a USD 1.639 millones a valor de hoy, según cálculos de Pablo Repetto de Gabriel Rubinstein & Asociados. Esto es porque si bien la oferta privada contempla pagos de deuda menores a partir de 2028, supone pagos por USD 3.700 millones más desde la actualidad a 2028.
“Es como si fueras a comprar un departamento de USD 300.000 y cuando están casi cerrando uno de los dos se retire por una diferencia de USD 1.000″, dijo Repetto. “Ecuador cerró en el número que Blackrock pedía hasta antes de esta última oferta. Y si hay más reestructuraciones, cuanto más abajo cierre un soberano eso es lo que van a pedir otros”, analizó.
La posición de Guzmán luego de este retruco de los fondos que dicen tener entre todos el 30% de las emisiones de bonos globales y bonos de los canjes de 2005 y 2010 se vuelve entonces incómoda. Y más aún después del categórico rechazo de anoche. “Aceptar lo que piden los acreedores sería someter a la sociedad argentina a más angustia y no lo vamos a hacer”, dijo.
El Gobierno necesita que antes del 4 de agosto los tenedores con al menos el 50% de los títulos existentes acepten la propuesta, al menos para lograr un canje parcial. Y cerca del 75% del total para activar las cláusulas de acción colectiva que fuerzan a minorías a aceptar el canje contra su voluntad. Sin los tenedores del 30%, alcanzar cualquiera de esos dos umbrales podría ser muy difícil.
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