Contrapunto entre el organismo que regula la electricidad y otros sectores del Gobierno acerca del aumento de las tarifas de los servicios públicos

Las disputas en el Gobierno son cada vez más públicas y con la poscuarentena y el trabajo por el plan para reactivar la economía, las diferentes miradas se hacen cada vez más presentes. Uno de los temas que más discusiones está generando es el tarifario. El camino a seguir está muy bien marcado en cada uno de los sectores que conforman la coalición de Gobierno.

El tema venía siendo tratado en voz muy baja hasta que el ENRE emitió un informe en donde recomendó al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos.

Para el informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los ajustes tarifarios que aprobó Cambiemos para las distribuidoras no fueron “ni justos, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras como del proceso de aplicación de las mismas”,

Según el documento que firmó y autorizó el interventor del Enre, Federico Basualdo, durante la gestión macrista, el llamado “sinceramiento” y la “defensa de la transparencia” se tradujo en los hechos en la sanción de normas que buscaron dotar de institucionalidad a una política deliberada de reducción de subsidios y mejora de los ingresos de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

El interventor que viene del mundo kirchnerista en el conformación de la coalición, le envió un documento al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en donde hace referencia a la condonación de una deuda de $13.570 millones para las empresas en 2019 y que “la intervención del ENRE, como resultado de su extenso informe de auditoría, recomendó tomar como nula la RTI aplicada por Cambiemos”.

Esto pondría el punto de partida para la política tarifaria mucho más lejos de lo que está hoy y que en otros sectores del propio Gobierno entienden que deberían ajustar. Ese es caso del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas quien, aunque comparte los “excesos” de los aumentos, su postura histórica es que debe haber un esquemas de tarifas que sean razonables para los consumidores y permitan el desarrollo del sector. Aunque ha dicho en varias oportunidades que entienden que en este contexto es imposible hacerlo,

El otro sector que mira de reojo la discusión es el del Ministerio de Economía. Aunque la política tarifaria se discute en los despachos de Kulfas, el pago de los subsidios se firma en el del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según un trabajo del Instituto Mosconi, las transferencias corrientes sumaron $ 115.671 millones en los primeros cinco meses de 2020, esto es aproximadamente USD 1.720 millones, y aumentaron 74,9% respecto a igual periodo de 2019. Cammesa lidera las transferencias recibidas con $ 95.500 millones y un aumento de 309%. Ocupa el 80% de los fondos ejecutados.

Por otra parte, según el presupuesto abierto, los subsidios energéticos devengados acumulados al mes de junio de 2020 solo para CAMMESA suman $ 138.000 millones, esto es USD 2.050 millones.

Esta dinámica en el comportamiento de los subsidios desde abril responde a mayores necesidades financieras derivadas de tres factores: 1) la creciente brecha entre costos y precios de la energía, 2) la baja cobrabilidad de las distribuidoras por el ASPO que derivan en deudas con CAMMESA y mayores erogaciones corrientes por parte del Estado Nacional, y 3) por el pago de deudas de CAMMESA con generadoras

En este contexto, lo que se observa es que a cuando recién transcurrió la mitad del 2020 el sector energético ya se consumió casi la totalidad de lo que había presupuestado en subsidio.

Este dato es el que mira Guzmán quien, cada vez que se le pregunta sobre el congelamiento de las tarifas de la energía se mantendrá al menos hasta fin de año, señala que “por el momento” se está administrando la situación de emergencia y que por eso “no habrá” aumentos. Pero la frase siguiente, y siempre es la misma y se refiere a que “tiene que haber un equilibrio con tarifas razonables para la producción”.

En el Ejecutivo se discute el camino para salir lentamente del congelamiento de tarifas entre los posicionamientos ideológicos, los problemas de las empresas para pagar y de las prestadoras para sostener la calidad.

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