
El norte de la provincia de Santa Fe nuevamente se convirtió en el epicentro del “Banderazo” a nivel nacional en defensa de la propiedad privada y la República. Como sucedió el pasado 20 de junio, una multitud volvió a manifestar su rechazo al plan del gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, que se encuentra instalada desde hace 90 años en esa zona del país.
Pero además, productores agropecuarios que se movilizaron en más de 70 distritos del país, pidieron mayor seguridad en el ámbito rural, en medio de un aumento significativo de los delitos rurales, la mayoría de ellos a través de la rotura de silobolsas en regiones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y Entre Ríos.
En esta oportunidad y a diferencia de la marcha anterior, el “Banderazo” de hoy en el norte de Santa Fe tuvo un inusual y fuerte operativo policial sobre la Ruta 11, ordenado por el ministerio de Seguridad provincial, Marcelo Saín. Desde horas muy tempranas, efectivos policiales de Rosario y la Capital de la provincia, llegaron a la zona de Avellaneda y Reconquista.
Desde sectores vinculados a la producción expresaron su preocupación por la puesta en marcha de dicho operativo policial, que impidió la normal realización de la marcha a favor de Vicentin, porque hubo un bloqueo a la circulación sobre la Ruta 11, pero también las rutas 31 y 40.
Frente a las fuerzas de seguridad, un ciudadano manifestó, en un video que llegó a la redacción de Infobae: “Es una payasada lo que están haciendo. Si lo digo en términos democráticos, es una locura, un abuso y un ataque a la libertad individual”.
Ambas ciudades están separadas por el arroyo “El Rey”. En el puente que lo cruza, el personal policial concentró el operativo, con el propósito de evitar la circulación de personas en medio de la pandemia, y solicitaron los certificados correspondientes para transitar. Vecinos de la zona dijeron que “nunca se necesitó autorización, porque no hay circulación del coronavirus” y mostraron su indignación contra el gobierno provincial, en particular contra el ministro Saín, quien protagonizó episodios controversiales en las últimas semanas.
A pesar de las trabas del operativo policial, la marcha que partió desde Avellaneda pudo llegar a Reconquista. Juan Cappozzolo, productor agropecuario de Avellaneda, expresó a Infobae: “Más allá del operativo policial, nos hemos movilizado y tuvimos una amplia adhesión de la ciudadanía. Fue una movilización muy emocionante porque la gente a pesar de todo dijo presente, y en paz hemos expresado nuestra defensa a la propiedad privada”.
Marcha en Reconquista
Pero además, productores y ciudadanos de Avellaneda denunciaron públicamente que la presencia policial estuvo en los caminos alternativos que unen a las ciudades. Las fuerzas de seguridad argumentaron ante los manifestantes que el operativo tenía como objetivo preservar la seguridad de las personas teniendo en cuenta que en Reconquista se organizó otra marcha, pero a favor de la intervención y expropiación de Vicentin.
Según publicaron los medios locales, adhirieron a dicha movilización algunos gremios, entre ellos el de los trabajadores aceiteros, organizaciones sociales y representantes de la clase política. La consigna de la misma fue a favor de “la Soberanía Nacional y la Producción, del trabajo y la producción en la región, la no extranjerización de la empresa Vicentin, las políticas nacionales contra la pandemia, y en apoyo de las políticas del gobierno nacional”.
Frente a los testimonios y a las imágenes, en su cuenta personal de Twitter Saín desmintió que el operativo haya sido para entorpecer la marcha. “No es cierto. Monitoreamos y actuamos para evitar que se cruzaran con la otra movilización a favor de la intervención de Vicentin y de los productores y trabajadores perjudicados por esta empresa”, señaló el funcionario.

En Reconquista se encuentra radicado el Juzgado a cargo de Fabián Lorenzini, que es el encargado de llevar adelante la convocatoria de acreedores de la empresa Vicentin. Hay que recordar que el próximo 15 de julio a las 17:30hs, habrá una audiencia de conciliación entre los directivos de la empresa y del gobierno de Santa Fe, en la búsqueda de una salida a la crisis de la agroexportadora que enfrenta a una deuda que supera los 1.000 millones de dólares.
El gobierno de Santa Fe, a través de la Inspección General de las Personas, propone la designación de tres personas como interventoras de Vicentin en el marco del proceso concursal, y de esa manera permitir el “rescate” de la empresa. La presentación del gobernador Omar Perotti fue aceptada por el presidente Alberto Fernández, que había planteado la intervención y la expropiación de la agroexportadora, pero debió retroceder en esa estrategia luego del amplio rechazo del campo y otros sectores de la sociedad a la misma.
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