El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley que busca lanzar una amplia moratoria que incluye a empresas de todos los tamaños y a las personas humanas con deudas hasta el pasado 30 de junio, aunque con restricciones para las grandes compañías que quieran ingresar ya que si lo hacen no podrán acceder al mercado cambiario ni podrán girar dividendos por un lapso de tiempo.
Aunque la mayoría de los tributaristas entiende que la medida era necesaria y está en el camino correcto, surgen dudas acerca de los tiempos y si no fueron apresurados, tanto su anuncio como su presentación y los plazos.
Ivan Sasovsky, del estudio Sasovsky y Asociados, se refirió al proyecto de ley y señaló que aunque la norma va en el camino correcto, el problema se presenta en que “no exista la posibilidad de ampliarse cuando el confinamiento sigue y lo peor de la crisis todavía no ocurrió. Esto deja dudas sobre si existirá otra que alcance estos períodos y pueda tornar inoportuno este proyecto”.
Lo que el especialista entiende es que como la fecha máxima es para impuestos vencidos al 30 de junio, ”puede suceder que los contribuyentes hasta que no se termine este confinamiento no van a pagar esperando que salga otra moratoria para julio, por ejemplo”.
En la misma línea, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, dijo a Infobae que “el anuncio de una nueva moratoria que abarque a todos los contribuyentes es una buena medida teniendo en consideración la crisis económica profunda que están pasando todas la empresas en cuarentena”, pero cuando se le consultó si no entendía que esto podría ser “un canje de deuda vieja por deuda nueva” teniendo en cuenta que la recesión y la cuarentena siguen presentes se refirió a la posibilidad de que la norma vaya de la mano “de una resolución de la AFIP para las deudas a partir de julio que establezca un plan de cuotas, no una moratoria”.
Para el especialista una medida por el estilo podría generar un “desahogo financiero para las empresas que además de impuestos tienen que pagar salarios y servicios”, pero reconoció que el anuncio está bien encaminado.
Por su parte, Sebastián Dominguez entendió como Sasovsky y Litvin que la medida está bien con los vencimientos pero señala que tuvo un problema de base que fue el anuncio anticipado. “Desde que el presidente Alberto Fernández anunció que iba a lanzar una moratoria hace tres semanas las empresas dejaron de pagar a la espera de esta medida, lo que hizo que cayera la recaudación. A partir de esto, entiendo que estirar el plazo desfinanciaría y la fecha que establecieron es bastante flexible”.
Para el tributarista, la posibilidad de un plan de cuotas para las nuevas deudas “no es una mala idea. Hoy ya existe eso. Deberían ser cuotas en un plazo acotado, de no más de 24 meses”
Dólares
La novedad que trajo esta moratoria es la prohibición que establece para las grandes empresas que quieran participar de incursionar en el mercado cambiario o el giro de dividendos.
Según el proyecto que ya entró en el Congreso, la moratoria caducará para el caso de que las empresas (no pymes) incumplan la prohibición de la distribución de dividendos o utilidades a sus accionistas o socios “por tres años”, cuando se acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) “para realizar pagos de beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior que revistan la condición de sujetos vinculados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría: en cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención, etcétera y por intereses o retribuciones pagados por créditos, préstamos o colocaciones de fondos de cualquier origen o naturaleza”.
Esta es la “perla negra” de la norma y toda una novedad”, dijo Litvin. “Esto significa que la adhesión condiciona acciones futuras y eso es complejo” agregó Sasovsky. Por su parte, Domínguez marcó una diferencia al señalar que que “aunque esta sea una novedad, es para desalentar que no se pague y se vayan al mercado cambiario, por lo que las grandes empresas ahora deberán establecer la conveniencia de entrar a una moratoria y aceptar las restricciones o pagar los impuestos”.
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