
Según la información brindada por el ministerio de Economía, los inversores tendrán hasta el 4 de agosto para aceptar la nueva propuesta mediante el cual la Argentina busca reestructurar USD 64.800 millones de deuda emitida bajo ley extranjera. Si bien las primeras reacciones del mercado frente a la nueva oferta informada por el Gobierno fueron positivas, los analistas se preguntan qué se sabe hasta ahora y qué detalles faltan conocerse y que podrían modificar el humor de los acreedores.
En el comunicado de prensa distribuido el domingo a la noche, el Ministerio de Economía confirmó que el país revisará los términos y condiciones de la invitación al canje realizada el 21 de abril, y dio algunos lineamientos:
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-Habrá reducción de capital, aumento de cupones y vencimientos más cortos de los nuevos bonos que se entreguen. De quitas entre 12% y 5% en la propuesta original, según el tipo de bono, ahora esos porcentajes se redujeron a 3% y 1,5%, respectivamente. En cuanto a los intereses, el promedio simple de la primera oferta era de 2,9% y ahora subió al 3,5%.
-Se reconocerán los intereses devengados desde el 22 de abril, fecha del vencimiento de los Globales, y los de todos los títulos que los generen hasta el 4 de septiembre. Se entregará un bono con vencimiento en 2030, que pagará intereses de manera semestral.
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-Por otra parte, el Gobierno propone empezar a pagar intereses en septiembre de 2021, en lugar de 2023 -uno de los puntos más cuestionados por los acreedores- y se hará de forma semestral, el 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año. A su vez, los que ingresen al canje durante el plazo en el que la oferta estará abierta -hasta el 4 de agosto- cobrarán más bonos por intereses corridos.
-Frente a los pedidos de los acreedores de que los nuevos bonos del canje tengan los mismos parámetros legales que los títulos originales, el Gobierno les permitirá a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005. El comité Ad Hoc, que lidera el fondo Blackrock, pedía que todos los bonos tengan los indentures de 2005, pedido que no fue concedido. Cada título, entonces, recibirá otro que respetará el contrato original.
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De esta manera, podrían sumar muchos adeptos del grupo Exchange Bondholders, que hasta ahora mantenían una estrategia unificada con Ad Hoc, pero que frente a esta concesión, podrían aceptar la oferta. De todos modos, todavía no hubo declaraciones al respecto. Los únicos dos fondos que adelantaron que aceptarán la propuesta argentina son Gramercy y Fintech, éste último líder del Comité de Acreedores (ACC, según sus siglas en inglés).
Con todas las mejoras realizadas a la oferta, el valor presente neto (VPN) -considerando una tasa de descuento del 10%- escala a USD 53,5 por cada USD 100 nominales, pero esa cifra se reducirá para los que entren forzados por el arrastre de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs). Según estas cláusulas, si se logran alcanzar determinadas mayorías -que varían según los bonos-, el resto debe ingresar.
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Pero a ello se le suma el “umbral mínimo de aceptación” general, que el Gobierno incluyó en la nueva oferta, y del que aún no se conocen detalles. Tampoco se sabe qué cambios tendrá la llamada Cláusula Rufo, que establece que si en un futuro el Gobierno mejora la oferta para incluir a los holdouts, debe mejorarla para todos.
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