Exclusivo: las cláusulas que negocia el Gobierno con los fondos de Wall Street para cerrar un acuerdo por la deuda

“Nos estamos acercando”. La frase enigmática y optimista fue escrita por un bonista clave que desde hace meses negocia áspero contra Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán. Esa frase enviada por WhatsApp desde Wall Street refleja la consideración de ciertos fondos de inversión a determinadas cláusulas financieras presentadas por el banco UBS en nombre del Gobierno argentino.

Alberto Fernández desea cerrar la negociación con los bonistas bajo legislación New York antes que concluya julio y trabajó todo el fin de semana –en persona, call y chats– junto a su ministro de Economía. Guzmán nominó las eventuales reformas a su última oferta presentada a los acreedores privados y encargó la negociación informal a un inteligente director ejecutivo del UBS que se formó en la Universidad de San Andrés.

Las probables modificaciones a la actual propuesta oficial –que aún no fue inscripta en la SEC– cruzan los límites recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar la sostenibilidad de la deuda nacional, pero la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, juega al lado de la Quinta de Olivos y no hará nada que complique un posible deal con Wall Street.

El staff del FMI explicó que la sostenabilidad de la deuda se garantizaba con 49,90 dólares de NPV por bono (net present value o valor presente neto), y ahora las distintas variables propuestas por Guzmán suman casi 53 dólares de NPV.

Desde los cuarteles generales del FMI aseguraron a Infobae que “ese corrimiento no afectará las finanzas anuales de la Argentina”, y que en definitiva, “el paper del staff fue un gesto institucional en un momento clave de la negociación con los acreedores privados”.

Las cláusulas diseñadas por Guzmán y aprobadas por Alberto Fernández fueron enviadas por el UBS a determinados fondos de inversión que integran los tres grupos de acreedores privados que negocian con la administración peronista. Las reacciones fueron disímiles y el Presidente y su ministro de Economía ahora aguardan una respuesta satisfactoria para avanzar en un principio de acuerdo.

“Hasta acá llegamos. No hay más que esto”, aseguró Fernández en la quinta de Olivos.

El memo confidencial del Gobierno remitido por el UBS a los bonistas establece lo siguiente:

1 - Se adelanta el pago de los cupones y se mantienen los porcentajes de los intereses de la última oferta. Ese adelanto temporal impacta en el NPV de los bonos a canjear, que cruzarían el límite FMI de 49,90 dólares.

2 - No se aceptará incluir los beneficios legales de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de los bonos 2005 en los nuevos títulos que se canjearán en esta nueva negociación de la deuda externa. Es decir: se mantendrán las mayorías de las CAC previstas en los bonos 2016.

3 - El Gobierno se preserva la posibilidad legal de utilizar la re-asignación de los títulos -método PAC-MAN- para lograr las mayorías necesarias que permitan cumplir con los porcentajes de las CAC y así evitar posibles denuncias por default.

4 - No habrá Value Recovery Instruments (VRI), un endulzante en términos simples, que Olivos consideró y estaba atado a las exportaciones o al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

5 - Se pagarán más intereses de capital devengado si los fondos entran al canje antes y ayudan a formar las mayorías. Un premio a los bonistas que apuestan a un acuerdo inmediato con el Gobierno.

UBS remitió al gobierno argentino un balance de la probable aceptación de los acreedores externos. Todavía no alcanza para lograr las mayorías previstas en las CAC del 2005 y el 2016, pero hay optimismo compartido en Wall Street, Londres, Olivos y el Palacio de Hacienda.

La oferta toma varias propuestas de los fondos de inversión y rechaza hipótesis de trabajo que contradecían nuevas normas de ética legal que estableció el sistema financiero internacional. La intención presidencial es cerrar un deal beneficioso para la Argentina y que a su vez sea un aporte a la gobernanza global y a su vinculación con la efectiva y equilibrada reestructuración de la deuda externa en países emergentes.

Si el optimismo de los bonistas y el Gobierno empuja un acuerdo con volumen para ser registrado en términos formales, este importante avance de la negociación será anunciado en simultáneo por la cartera de Economía y los acreedores privados. Puede ocurrir antes que concluya esta semana.

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