Si logra el acuerdo, Alberto Fernández pagaría en lo que queda de su mandato menos de USD 8.000 millones a los acreedores

Aunque sigue sin alcanzar un acuerdo con los acreedores por las condiciones financieras y legales de la reestructuración de la deuda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sí ya se garantizó, al menos, la principal premisa con la que debía cumplir el proceso: bajar al mínimo posible los pagos de servicio de la deuda durante el mandato de Alberto Fernández.

En mayor o menor magnitud, según los términos finales del eventual acuerdo, la consigna puede considerarse cumplida: en el peor de los escenarios sobre los que se negocia actualmente, el Gobierno deberá afrontar el pago de USD 7.226 millones hasta 2024 de los USD 31.121 millones de vencimientos que operan originalmente. Pero, en el caso ideal, es decir bajo un supuesto de acuerdo bajo las condiciones de la última propuesta de Guzmán, los pagos caen a menos de USD 4.000 millones. Entre esas dos cifras, en definitiva, se ubicará la carga financiera durante los próximos años, lo que implicará una enorme reducción respecto del cronograma de pagos vigente.

Así lo estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en un informe publicado el miércoles en el que se analizan todas las ofertas de reestructuración, tanto del Gobierno como de los comités de bonistas, conocidas hasta el momento. De ese análisis surge que aun en la menos favorable de las propuestas, la del Exchange Bondholder Group del 15 de mayo, el objetivo sine qua non del Presidente -prácticamente no tener que pagar deuda- se aproximaba bastante ya que preveía pagos por USD 9.200 millones.

“Si bien la nueva propuesta mejora (para los acreedores) las anteriores porque sube cupones y reduce período de gracia y capital, reconoce intereses devengados no pagados e incluye la posibilidad de un cupón atado a exportaciones. En términos macroeconómicos sigue siendo muy ventajoso para la Argentina ya que alivia sustancialmente la carga financiera”, asegura en el último reporte para sus clientes el economista Martín Polo.

Claro que a partir de 2021, lo que también tiene gran peso en el servicio de la deuda son los desembolsos previstos en su momento al Fondo Monetario Internacional (FMI), para la devolución de USD 44.000 millones del mega préstamo acordado por el gobierno anterior. Se sabe ya que, una vez cerrado el acuerdo con los acreedores, el Gobierno buscará la prórroga por al menos tres años de esos vencimientos con el organismo. Quedaría, de esa manera, despejado el panorama de la deuda por lo que queda del mandato de Alberto Fernández, que dejaría para los 6 años posteriores a su gestión un saldo mayor los USD 43.000 millones, sin contar el repago al FMI ni tampoco la deuda bajo legislación argentina.

De todos modos, para que esas estimaciones se conviertan en realidad, aún falta que se alcance antes del 24 de julio próximo el acuerdo con los bonistas. El propio Guzmán reconoció ayer todavía hay diferencias económicas y legales con los acreedores, en alusión a su reclamo de que los nuevos bonos contemplen las mismas cláusulas de adhesión para eventuales canjes futuros que se incluyeron en los títulos emitidos en 2005 y 2010, más exigentes que las de los bonos emitidos en 2016, que son las que busca incluir el Gobierno.

El escollo volvió a poner en tela de juicio la decisión de Economía de incluir en la reestructuración los bonos resultantes de la salida de default de 2002, sobre cuya elegibilidad en el actual proceso hubo dudas a último momento, dada la complejidad para alcanzar las mayorías necesarias, de 75% de cada emisión.

Pero los números pesaron más: entre 2020 y 2024, los Par y Discount pagarían intereses por unos USD 11.000 millones, monto que excede la cifra del peor escenario en las estimaciones de la OPC. Haberlos excluido hubiera significado un esfuerzo mayor para los bonistas que invirtieron, durante los últimos 4 años, ya que hubiera pesado sobre esos bonos la necesidad de lograr los ahorros. Y una oferta más agresiva para estos fondos de inversión, quedó comprobado, no es compatible con la necesidad de alcanzar 66% de los bonos, tal como lo estipulan las CACs bajo las que fueron emitidas. Persiste, también, una segunda discusión legal, relacionada también con la facultad de reasignación de bonos que se quiere reservar Guzman, sobre la que ayer insistió: “es un procedimiento stándar”.

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