Loretta Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien lleva adelante el multimillonario juicio como consecuencia de la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos aceptó un pedido del gobierno de Alberto Fernández para extender los plazos para presentar su estrategia por la expropiación de la petrolera.
El bufete que litiga en la causa, Burford Capital, convalidó la solicitud del pedido argentino por lo que el gobierno tendrá hasta el 26 de junio para presentar su estrategia.
Cabe recordar que luego de una larga disputa jurisdiccional, en la que los abogados locales pretendieron que el juicio se tramite en la Argentina –y que llegó sin resultados favorables para el país hasta la Corte Suprema de EEUU–, ahora está confirmado que este juicio se dirimirá en Manhattan.
YPF volvió a manos del Estado en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Accionistas minoritarios sintieron que no obtuvieron el mismo trato que la española Repsol (a la que el Gobierno le pagó más de USD 5.000 millones en bonos) y unos años después fueron a la justicia de EEUU a reclamar, entre otras cosas porque la petrolera cotiza en Wall Street. En rigor, quien litiga es Burford Capital, un cuestionado bufete especializado en estos temas a los que muchos lo consideran una suerte de “fondo buitre”. Burford habría comprado los dos juicios.
Luego de una larga disputa judicial, en la que los abogados locales pretendieron que el juicio se tramite en la Argentina –y que llegó sin resultados favorables para el país hasta la Corte Suprema de EEUU–, ahora está confirmado que este juicio se dirimirá en Manhattan.
En tanto, Argentina podría enfrentar un pago multimillonario que en principio se calculaba en USD 3.000 millones, pero otras estimaciones de las partes también lo ubican en un rango de entre USD 3.000 y 12.000 millones.
Hasta ahora el estudio neoyorquino Skadden representaba al país en EEUU. En febrero se sumó Sullivan & Cromwell y en los pasillos del poder aseguran que será la única defensa de acá en más. A YPF lo representa en ese país Cravath, Swaine & Moore.
Burford exigió un juicio sumario y argumentó que está convencido de que está todo definido, que no hay nada más que discutir y que sólo hay que dictar sentencia y, si hay condena, fijar penalidades, montos y cómo se va a pagar.
En los pisos superiores de la torre de YPF en Puerto Madero y en las oficinas de la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados de Estado a cargo de Carlos Zannini, ya delinean la estrategia con la que buscará convencer a Preska de que todo lo actuado en la expropiación o renacionalización –según quien lo describa– es legal y que no hay que pagar nada. Un argumento que, con algunos pocos matices, también esgrimieron los abogados de la Procuración cuando Mauricio Macri era presidente.
Los montos que pudiera enfrentar el país en caso de perder el juicio están muy alejados de las posibilidades de una Argentina en crisis, que renegocia su deuda pública y que aún dirime cómo le hará frente al impacto económico del coronavirus.
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