La negociación por la deuda, que entra por estas horas en fase decisiva tras la enmienda a la oferta a los acreedores privados extranjeros, tarde o temprano dará paso al segundo capítulo: la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las tratativas por un nuevo acuerdo, nunca iniciadas formalmente, quedaron en suspenso en marzo, última vez que la misión técnica del organismo encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu visitó el país para encarar la revisión del Art. IV. Se trata de la revisión de rutina de las variables económicas, nunca exenta de dificultades en relaciones complejas, en la que no se pudo avanzar según fuentes oficiales por “imperio de las circunstancias” relacionadas con la pandemia del coronavirus.
Precisamente, el trámite y toda la futura negociación, quedará ahora impactada por los acontecimientos de los últimos meses. En principio, por el tremendo deterioro en las cuentas públicas, producto de las medidas de aislamiento, y por el nuevo escenario de brecha del dólar y regulación del mercado cambiario pero, también, por las esquirlas del caso Vicentin.
La intención declarada el lunes, pero que anoche ya perdía fuerza, de expropiar la cerealera de origen nacional pero con la mayor parte de su deuda concentrada en organismos multilaterales y bancos europeos más allá del Banco Nación, está lejos de ser una señal positiva para los países que integran el directorio del FMI. Particularmente para aquellos a los que el ministro de Economía, Martín Guzmán, les acaba de postergar el último pago de la deuda con el Club de París, una cuota por USD 2.100 millones del acuerdo alcanzado en 2014 por el hoy gobernador bonaerense Axel Kicillof, con los que Guzmán buscó renegociar la tasa de interés pactada de 9%, lo que quedó supeditado al acuerdo con el FMI.
Desde el Gobierno relativizan las repercusiones del caso Vicentin, no sólo en la negociaciones con el Fondo sino en las relación de la Argentina con los países integrantes. Sin llegar a comparar el caso de la empresa agropecuaria de Santa Fe con el rescate del gobierno alemán a Lufthansa, fuentes oficiales afirmaron que “el planeta entero entra en rescates y no tuvimos signos de preocupaciones”. Según consideró en diálogo con Infobae un funcionario, existe hoy en el mundo “una cierta tendencia a que la socialización permanente de las pérdidas tiene que tener compensación para los contribuyentes”.
Lo cierto es que los tiempos de la discusión política tras la intervención de Vicentin concretada ayer, que se extendería en principio hasta agosto, podrían coincidir con el inicio de las formalidades con Fondo Monetario para llegar a un nuevo acuerdo que permita prorrogar el pago de los USD 44.000 millones recibidos del megacrédito por USD 57.000 acordado por el gobierno anterior. En el mejor de los escenarios que se abren para el Gobierno hacia fin de julio podría tener cerrada, o al menos con un nivel de avance sustancial, la reestructuración de la deuda con los bonistas. Cumplido ese paso, será el momento de avanzar con el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
Lo primero será, como es habitual, la discusión técnica y el diagnóstico de base de la economía argentina. Será iniciar una tarea que quedó en foja cero, tras tsunami que implica el parate económico por la cuarentena y el esfuerzo que implicará, en los próximos meses, lidiar con las consecuencias de las medidas tomadas de asistencia, básicamente el monumental aumento del gasto financiado con el mayor nivel de emisión monetaria de los últimos 30 años. Este punto será, previsiblemente, el principal escollo a nivel técnico con los funcionarios del FMI, aún cuando en el Gobierno repiten en público que “el mundo ha cambiado” y que no se aceptarán condicionalidades que impliquen “más ajuste”. Están convencidos en privado que las nuevas circunstancias les deja mucho mayor margen de maniobra el frente fiscal como monetario.
El objetivo del acuerdo, se sabe y lo ratificó una vez más ayer Guzmán en declaraciones a un medio brasileño, es postergar los pagos al organismo por los próximos tres años. En la práctica, eso significa un nuevo acuerdo con “fondos frescos” para pagar la deuda contraída, un asiento contable, pero que incluirá discutir un programa económico con metas y objetivos.
El derrotero habitual es que, una vez consensuado el acuerdo a nivel técnico, el staff eleva la recomendación al board del organismo. Y es ahí donde talla fuerte la política y el humor hacia la Argentina de los países con mayor poder voto. En todos ellos, la noticia de una expropiación puede generar alguna tensión y ruido, particularmente en el caso de Vicentín desde la perspectiva de los acreedores.
Es que el Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial, registra con la cerealera una deuda de casi tan grande como la del Banco Nación, por $ 16.500 millones. La entidad sumó a otros acreedores internacionales, como la red de bancos cooperativos francesa Crédit Agricole, el banco de fomento holandés o el Rabobank para integrar un comité que, en conjunto, consolida 40% de la deuda de la cerealera, por más de USD 500 millones y es así el principal acreedor. Algo así como el FMI para la Argentina.
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