Confederaciones Rurales Argentina (CRA) expresó que ve con preocupación la intervención al Grupo Vicentin y la eventual expropiación de la compañía sobre la cual pesa un concurso de acreedores a raíz de una deuda de USD 1.350 millones.
La CRA manifestó que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso, como anunció el lunes el presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa.
“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, advirtió la entidad ruralista.
En un comunicado de prensa, la CRA aseguró que, contrariamente a lo anunciado, el Estado “a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”.
En ese marco, cuestionó: “¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, cuándo, cómo y por qué monto?”.
Para la CRA, las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas. Sin embargo, destacó que “si se acepta que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de poderes”.
Asimismo, indicó que la expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y alertó que “hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, cuando la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”.
Según la Confederación, cuando el Estado administró en el sector privado no fue eficiente. “No creemos que la expropiación sea la única herramienta”, destacó. En ese sentido, agregó que "solo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos”.
Cabe recordar que la decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa agroexportadora fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado durante la víspera por el presidente Alberto Fernández.
En total, la deuda de Vicentin asciende a USD 1.350 millones, de los cuales unos USD 1.000 millones son con los bancos y otros USD 350 millones con empresas del sector agrícola.
El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $5 millones.
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