Tarifas congeladas: entre la necesidad que impone la pandemia y el riesgo de rebote de la inflación

En paralelo que el Gobierno nacional discute con los acreedores la forma en la que hará frente a sus compromisos, en otros mesas y con un poco menos de ruido, discute con las empresas la continuidad de las tarifas congeladas para compensar el deterioro de los ingresos de muchos trabajadores por la parálisis de la actividad económica.

El cronograma está planteado. La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, los acuerdos de “palabra”, los entendimientos para colaborar en la pandemia, el barril criollo y los precios máximos, conforman un paquete de medidas que hacen que una buena cantidad de los precios relativos de la economía argentina vuelvan a estar dentro de freezer. Los acuerdos se van renovando casi automáticamente, pero ahora hay dos fechas de vital importancia para saber qué va a suceder. Por un lado hay un grupo de servicios que su “congelamiento” vence a finales de junio y otros en octubre.

El acuerdo para mantener el precio de la canasta de medicamentos, precios máximos y las tarifas de luz y gas están congeladas hasta el próximo 30 de junio. Con la llegada del barril criollo, los combustibles vivirían un proceso de "estabilidad de hasta el próximo 1 de octubre, y las tarifas de internet, televisión por cable, telefonía fija y por celular hasta el 31 de agosto.

A este paquete de bienes y servicios se le suma el transporte que, por lo que repiten desde el entorno del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, no hay ningún tipo de incremento previsto para el Área Metroplotina de Buenos Aires. Aunque cuando a finales de diciembre de 2019 el Gobierno congeló buena parte de los precios de los servicios lo hizo pensando en una discusión de 180 días para plantear un nuevo sistema tarifario para la luz, el gas, agua y transporte, la pandemia COVID-19 modificó ese plan.

“Hoy es imposible que se pueda convalidar un incremento de las tarifas. Lo venimos conversando porque no es nuestra intención inicial, pero el escenario cambió”, explican desde el entorno del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de quien dependen los valores de los servicios públicos.

“Hay un acuerdo en donde estamos analizando los costos de generación para intentar reducirlos al máximo. Hoy no se autorizan aumentos, está conversado con las compañías y, por el otro lado, tampoco se las multas por, por ejemplo, no cumplir con plazos de inversión”, explicó una fuente del Gobierno. Un ejemplo de esto sucedió hace unos días cuando el Gobierno le comunicó a Cammesa que se suspendía hasta 30 de junio las intimaciones por incumplimientos en la construcción de energías renovables.

El problema de esta situación es que la Argentina puede volver a un proceso ya conocido que es el de atraso de los precios relativos que hoy achatan el dato de inflación pero que cuando se sueltan tienen una fuerte escalada tanto en los valores que tendrá que pagar el consumidor como su impacto en la inflación. Los últimos cuatro años son un buen ejemplo de este punto.

Para Santiago Gambaro, economista jefe de Analytica, el congelamiento de las tarifas terminará impactando de lleno en el Índice de Precios. Tanto es así que frente a la consulta de Infobae destacó: “más que un riesgo, es una certeza. Este Gobierno está consumiendo la poca herencia positiva que le dejó el anterior que es tarifas en valores cercanos a los costos”.

A pesar de esto, Gambaro dijo: "a diferencia de otros momentos de la historia, asumir el costo fiscal hoy es elegir el mal menor. Por otro lado, hay margen para para que el rebote sea controlado, dado que, además, en muchos casos, el aislamiento reduce sensiblemente la demanda de grandes usuarios, como ocurre con la energía eléctrica”.

Con respecto a la brecha que se está generando con el tipo de cambio oficial y blue y lo que puede suceder en las tarifas, el especialista dijo: "el billete verde aproximadamente es un tercio del costo fiscal de las tarifas, mientras que la inflación explica los dos tercios restantes”.

Federico Furiase, economista de EcoGo, consideró: “en el corto plazo el congelamiento tarifario es una anestesia para el bolsillo del consumidor en tiempos de pandemia junto con el deslizamiento gradual del tipo de cambio oficial”.

Y agregó: "el desplome del precio internacional del petróleo y la desacelereacion de la inflación de estos meses de recesión y recorte de salarios por la cuarentena, ayudan a moderar el desfase de precios relativos”.

De todas formas Furiase señala que la alerta en esta medida “está en la escalada de la brecha y la fuerte emisión monetaria que esta haciendo el BCRA para financiar el déficit mientras se negocia el frente de la deuda. Y ahí esta la clave, si no hay arreglo de la deuda la presión sobre la brecha sera mas fuerte, al Central le va costar mas sostener el tipo de cambio oficial y ahí entramos en riesgo de aceleración inflacionaria y donde el desajuste de precios relativos por el congelamiento de tarifas se hace insostenible”.

Como era de suponer, para el director de Estudio EcoGo, si la discusión respecto de la deuda llega a un buen resultado el escenario cambia. “El BCRA ganaría espacio para ir moviendo el tipo de cambio oficial mas rápido y descongelando tarifas luego de la cuarentena con menor impacto en expectativas de inflación”.

En tanto, el economistas Luis Secco le dijo a Infobae: “el peligro que sustenta esta situación se fue incrementando con el paso de los días en cuarentena. Incluso antes de la Pandemia, el gobierno de Alberto Fernández había centrado la lucha contra la inflación en el control y/o congelamiento de precios clave de la economía, incluyendo el dólar oficial, bienes de consumo de la canasta básica y las tarifas. En ausencia de otras políticas anti-inflacionarias o peor aún en presencia de otras políticas inflacionarias (vamos a gastar todo lo que sea necesario y vamos a emitir todo lo que sea necesario) ya entonces esos instrumentos lucían insuficientes para controlar la inflación. Con las políticas adoptadas durante el aislamiento obligatorio y con el fin de compensar sus consecuencias, las inconsistencias o desequilibrios macro son aun mayores. Y la historia argentina es un laboratorio que muestra que a la postre esas inconsistencias terminan con los controles y los congelamientos, inexorablemente”.

Para el titular de la consultora Perspectivas, el congelamiento en materia tarifaria, “no sólo termina en menor oferta y peor calidad, si no también en más gasto público. Lo que a la postre agrava lo que en un principio se quiso evitar”.

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