
A través del decreto 488/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que el precio para la compraventa local del petróleo será de USD 45 el barril y prohibió la importación cuando haya petróleo disponible en el mercado interno. La medida —a la que se suele llamar “barril criollo”— estará vigente hasta el 31 de diciembre.
La medida estableció que el precio podrá ser revisado trimestralmente por la Secretaría de Energía y quedará desactivado cuando el valor del precio internacional —para el que se toma como referencia el crudo Brent— supere los USD 45 durante 10 días consecutivos. En tanto, las empresas productoras deberán sostener los niveles de inversión y de producción de 2019 y no podrán acceder al mercado de cambios ni adquirir títulos en pesos para su venta en dólares o transferencia al exterior.
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Pero, ¿qué impacto podrá tener este precio fijado para la compra de petróleo crudo en los precios que los consumidores pagan en los surtidores por la nafta y el gasoil? Aunque en la letra del decreto no se establece explícitamente un congelamiento de estos precios, en el sector aseguran que se deberían mantener sin variaciones durante los próximos meses, lo que impacta directamente en las empresas que refinan y comercializan combustible. “No está escrito, pero parte de este acuerdo es que no habrá aumentos de los combustibles por lo menos hasta octubre”, aseguró una fuente del sector.
También desde la industria destacan que lo que nadie puede determinar es como se van a comportar los precios cuando la demanda comience a normalizarse y las existencias de stock actuales comiencen a consumirse. “Lo importante es lograr preservar la capacidad productiva de energía como forma de garantizar un precio de energía competitivo para la economía nacional en el mediano plazo y evitar la importación. Si no se fija un precio de barril hoy diferencial al mundo, es bastante probable que cuando necesitemos del sector, éste no tenga la capacidad de suministrar la energía que el país necesita a los precios adecuados”, aseguraron desde otra de las compañías. También resaltaron que resulta indispensable adecuarse rápidamente a la nueva realidad que vive la industria a partir del impacto del coronavirus: “Hay que revisar y optimizar las estructuras de costos a fin de que la actividad convencional y no convencional resulten sostenibles en este nuevo escenario de precios”.
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En el texto del decreto, el Gobierno se compromete a no aumentar el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que impacta en los precios finales de las naftas y el gasoil, hasta el 1° de octubre.
“Creemos que los precios se van a mantener en los próximos meses. Estamos de acuerdo con la medida, porque no hay un congelamiento y le dio un margen de maniobra al Ejecutivo para ir modificando el precio del barril criollo y el precio final”, señaló Gabriel Bornoroni, titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) que agrupa a los dueños de estaciones de servicio.
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Aunque desde el Gobierno destacaron que la medida se tomó para reactivar la industria hidrocarburífera nacional y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en el marco de la caída abrupta del valor internacional del crudo generada por la pandemia de cornavirus, diversas fuentes consideran que el precio del barril fijado a USD 45 beneficia a las empresas productoras de petróleo pero perjudica a las compañías que refinan y comercializan naftas y gasoil.
En el mercado local, se distinguen tres tipos de empresas: las que producen petróleo (se conocen como productoras “puras”); las refinadoras, que no tienen producción propia de petróleo crudo y deben comprarlo para producir naftas y gasoil; y las integradas (YPF y Pan American Energy). En cada caso, el impacto de la medida es diferente.
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Si los precios se mantienen congelados, al tener que pagar un precio que está desacoplado del precio internacional, los refinadores y las empresas integradas podrían sentir mayor impacto. El precio que deben pagar va a estar por encima del precio internacional del petróleo Brent, que se usa de referencia y que cotiza alrededor de los USD 35.
Algunos especialistas en temas energéticos advirtieron que el Gobierno no puede fijar por decreto simple el precio del crudo y que para implementar el “barril criollo” se debería haber publicado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que tendría un efecto de ley hasta que pueda ser ratificado por el Congreso.
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“Es una decisión lamentable que castiga a los consumidores”, señaló Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi. El especialista señaló que con la medida el país pierde competitividad y sus cuentas se desajustan. Pero teniendo en cuenta que el Gobierno acaba de congelar las tarifas de teléfonos móviles e Internet, entre otros servicios, consideró muy poco probable que haya un aumento en los precios de los combustibles.
Fuentes del sector, en reserva, consideran que las productoras le venderán a las refinadoras el petróleo en dólares a un precio que luego no pueden recuperar al vender combustibles en pesos a un precio congelado desde diciembre. También señalaron que, como una distorsión de la medida, una empresa petrolera internacional va a cobrar 50% más por el crudo que produce en la Argentina que por el que obtiene por ejemplo en los Estados Unidos.
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Pero también hay otras visiones, donde prevén la posibilidad de llegar a un punto de equilibrio, en el caso de las petroleras integradas. “El tema de que haya un barril criollo va a generar un equilibrio. La integración ayuda a llevar adelante el barril. La plata que se pueda llegar a perder en el downstream (comercialización) se puede después recuperar para adelante en el upstream (producción). Es un incentivo importante para mover equipos porque con valores muy bajos del barril realmente se iba a hacer imposible”, señalaron.
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