Casi de la noche a la mañana y sin tiempo de analizar demasiado, miles de pequeños y medianos bonistas deberán definir hoy si aceptan o no el canje de deuda propuesto por el Gobierno, siempre que no se definan prórrogas. La información resultó bastante escasa o prácticamente nula, ya que todos los esfuerzos del ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvieron puestos en el diálogo con los grandes fondos de inversión. Sin una sola presentación dirigida al ahorrista argentino, la pregunta de estas horas se multiplicó: ¿qué tengo que hacer con mis bonos?
La respuesta, por supuesto, dependerá de cada situación particular. Un consejo muy general de las sociedades de Bolsa y bancos a los pequeños tenedores de bonos es que entren al canje o de lo contrario que se desprendan de esos activos. La opción de quedarse afuera de la transacción y apostar a un litigio podría incluso costar más cara que una propuesta poco atractiva y no vale la pena para una tenencia menor. Los cinco bonos que ofrece el Gobierno, que van del 2030 al 2047 no pagan intereses en los próximos tres años y recién arrancan en 2023 con un rendimiento de apenas el 0,5% anual.
Sin embargo, también hay muchos inversores que poseen tenencias más significativas. Muchos, por ejemplo, compraron bonos argentinos para recuperar una parte del 10% que tuvieron que pagar en el sinceramiento fiscal de 2017. Y otros poseen títulos como estrategia de diversificación de inversiones financieras locales.
En el caso de tenencias más importantes, la opción de quedarse afuera del canje tiene sus riesgos. Uno de ellos es que la judicialización lleve muchos años hasta recibir una sentencia favorable. Pero existe otro aspecto mucho más complicado: el Gobierno podría obligar a los inversores a entrar al canje aún cuando estos rechazaron abiertamente esa posibilidad.
¿Por qué puede suceder esto? El motivo es que los bonos tienen una denominada Cláusula de Acción Colectiva (CAC), que habilita al Gobierno a meter a todo un grupo de bonistas dentro del canje si consigue ciertas mayorías. Para los bonos emitidos durante la era Macri, es decir a partir de 2016, precisa un 66,6% de aceptación, es decir dos tercios del total.
En el caso de que un inversor decida quedarse afuera podría ser entonces obligado a aceptar el canje, sin derecho a juicio. Pero lo más grave no es eso, sino que pierde la posibilidad de elegir las opciones más favorables. Un ejemplo: los tenedores de Globales 2021 pueden elegir un nuevo título que vence en el año 2030 y luego hay otras dos opciones más largas.
Sin embargo, quienes no hayan aceptado de entrada la oferta no podrían elegir sino que es el Gobierno quien determina qué bono será entregado. Podrían incluso recibir el nuevo bono al 2047, lo que resultaría sumamente inconveniente para un tenedor de un bono de cortísimo plazo.
La sociedad de Bolsa Balanz lo describió de la siguiente manera a sus clientes: “Hay dos motivos para ingresar al canje ahora y no esperar una mejor oferta. En primer lugar me aseguro el elegir el bono que quiero (2030 y 2036 tienen tope de emisión). Y además evito, si el Gobierno consiguió las mayorías necesarias, me fuerce a recibir el nuevo bono con vencimiento en 2047”.
Dentro de este análisis aparece otro aspecto: los bonos Discount y Par, que corresponden al canje 2005. En este caso el análisis ya es más complejo, porque precisan mayorías del 85% para que se obligue a todos los bonistas a entrar en la transacción. Por lo tanto, parece casi imposible que lo logren en esta instancia.
Además, son títulos que poseen una fuerza jurídica para litigar ante las cortes internacionales mucho mayores. Por lo tanto, quienes no estén conformes con la propuesta oficial se quedarán con un título que podría conservar un valor importante aún en caso de que la Argentina entre en default. No es casualidad que ambos estuvieron cotizando a paridades superiores que los bonos emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, justamente por estas características especiales.
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