Advierten sobre la necesidad de reducir los salarios públicos más elevados, como ocurre en el sector privado

El impacto de la parálisis económica que trajo la pandemia ya está teniendo consecuencias sobre el salario nominal. La imposibilidad de generar ingresos para muchas empresas privadas puso en marcha un proceso de reducción en los sueldos de sus trabajadores. Del mismo modo, el Estado ingresó en un panorama de fuerte caída de la recaudación y crecientes demandas del gasto sanitario y social. En base a razones de equidad, debería encararse la reducción de los salarios públicos más elevados.

Así lo propone un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que asegura que “sería esencial que los empleados dependientes y toda la planta política de los tres poderes del Estado, de los tres niveles de gobierno, cuyos ingresos superen un determinado monto, reduzcan progresivamente sus salarios durante el mismo período que dure la reducción de las remuneraciones de los empleados privados. Obviamente, esta reducción no aplica para el personal esencial vinculado a servicios presenciales.”

En una situación como la actual, explicó a Infobae Nadín Argañaraz, director del Iaraf, la prioridad es que no se pierdan puestos de trabajo: “Los que tenemos ingresos superiores tenemos que aceptar reducciones para que no sufran despidos los que reciben remuneraciones menores. Es una cuestión de equidad y de solidaridad. Si el sector privado ya empezó a hacerlo, lo equitativo es que también lo haga el sector público”.

Argañaraz plantea una comparación entre ambos universos laborales: “Los empleados del sector industrial o del comercio, que están en su casa porque la cuarentena les impide ir a trabajar, van a cobrar el 75% de su salario. ¿Por qué motivo los trabajadores del Poder Judicial o de la AFIP, que están en la misma situación, van a cobrar el 100%?”

En el informe del Iaraf se ejemplifica que la reducción “podría comenzar a partir de dependientes con ingresos netos mensuales de por ejemplo $50.000, con porcentajes de reducción crecientes por sobre ese piso, de manera tal que para niveles salariales importantes se acerque al 30%”. Ese porcentaje de reducción es similar al que sufrirán muchos trabajadores privados en relación de dependencia y muy inferior al que ya sienten los independientes.

El Iaraf propone una escala de recortes que crecen a medida que se eleva el salario.

El ahorro fiscal que se genere a nivel nacional, provincial y municipal, asegura el informe, “debería destinarse a un fondo que financie gastos puntuales y esenciales por covid-19. En la actualidad una masa salarial pública debe estar en el orden de $230.000 millones mensuales. Cada municipio, cada provincia y el Poder Ejecutivo nacional deberían explicitar el monto generado mensualmente. Más allá de si el monto de dinero que esta medida genere sea significativo o no, es una señal concreta de solidaridad, clave en este momento tan complejo que se vive en nuestro país”.

El debate sobre la reducción de los salarios de los políticos dejó en claro que sus defensores no aspiran con esa decisión a un ahorro de recursos sino a que la clase dirigente brinde una señal a quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la cuarentena. Argañaraz acepta que muchas de las medidas que se proponen pueden tener “un impacto fiscal reducido” pero, a la vez, destaca que “el contexto de la pandemia abre una posiblidad para una discusión de fondo”.

Hay factores que impactarán por igual en el poder adquisitivo de unos y otros salarios, lo que refuerza el argumento de la equidad. “La debilidad de la situación fiscal inicial argentina, el notable deterioro derivado de la caída de ingresos y del aumento de gasto público, generan un incremento significativo del déficit, que debe ser financiado casi exclusivamente con emisión monetaria que, en el marco de la poca confianza en la moneda nacional, se traducirá seguramente en el mediano plazo en niveles inflacionarios que deteriorarán aún más el salario real de los trabajadores privados e impactará también sobre el poder adquisitivo de los ingresos de los agentes estatales”, asegura el informe.

En el Iaraf consideran que la reducción que ya se está evidenciando en los salarios privados suspendidos a causa de la cuarentena podría dejar a muchos de ellos cobrando un ingreso que no alcance para acceder a la canasta básica que define el umbral de pobreza. Por ello, una gran porción de los trabajadores formales podría perforar la línea de pobreza, ubicada en $41.994 para el mes de marzo para un matrimonio con dos hijos.

Asimismo, la renegociación de la deuda pública también pone sobre la mesa cómo serán los próximos años del país en términos fiscales, con fuertes necesidades en términos sanitarios y de ayuda social.

“La Argentina tiene un problema de base que es el déficit fiscal primario. Pagar deuda como lo va a hacer la Argentina en los próximos años implica tener superávit en las finanzas públicas. Como sociedad tenemos que definir cómo vamos a hacerlo de manera sostenible. Antes de la pandemia, también teníamos déficit. La Argentina tiene que tener esa discusión”, afirmó Argañaraz.

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