
La irrupción del coronavirus COVID-19 no sólo ha alterado al extremo la vida social en el mundo, con más de 4.000 millones de personas aisladas, en cuarentenas preventivas del mal, sino que está dañando al extremo las finanzas públicas de los países, en particular en la Argentina que arrastraba una economía extremadamente debilitada por el arrastre de más de 2 años en recesión y 8 con estancamiento y elevadísima inflación.
Así lo pusieron de manifiesto los datos que en la noche de ayer difundió el Ministerio de Economía sobre el desempeño de las finanzas públicas base caja, es decir el movimiento entre lo efectivamente ingresado a las arcas del Estado por diversos conceptos, y lo realmente pagado del total de gastos asumidos que fue sustancialmente mayor, porque arrojó un resultado negativo antes del pago de intereses de la deuda pública de $124.727 millones, el cual superó al registrado un año antes en $111.690 millones, es decir se multiplicó por 9,6 veces, en un escenario donde la tasa de inflación apenas fue la vigésima parte de ese incremento (48,4 por ciento).
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Semejante desequilibrio, que torna insustentable cualquier pago de intereses de la deuda, aún con tasas de interés próxima a cero por ciento como aspira acordar el ministro Martín Guzmán con los tenedores de bonos en dólares bajo legislación extranjera se origina en el severo deterioro de los recursos tributarios en términos reales que provocó la parálisis de gran parte de la actividad productiva y comercial en los últimos 10 días de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó la primera cuarentena preventiva y la suspensión de la mayor parte de las actividades de las empresas y personas. Aumentaron 12 puntos porcentuales menos que la inflación.
Sin embargo, de haber contado con ese fondo, las cosas no hubiesen cambiado mucho, porque más allá de la aparición de necesidades de gasto de emergencia vinculados con las coberturas de diversas formas a los sectores más afectados por la pandemia, se observaron saltos notables en otras áreas:
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- 125% en los subsidios económicos, que se desagregaron en 153,8% al sector energético; 87,2% al transporte y 64,3% otras funciones;
- 48,4% en la masa salarial (18 puntos porcentuales por arriba de los ingresos);
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- 270,7% en transferencias a provincias, principalmente en el rubro “otros” con un incremento de 19 veces que lo convirtió por lejos en el más relevante de ese subgrupo con $8.063 millones (debido a los mayores requerimientos de asistencia financiera de las administraciones subnacionales), luego de Educación $5.843 millones; Seguridad Social del interior $3.357 millones y $1.613 millones para Salud;
- 181% en los giros a Universidades (adelanto extraordinario de salarios contemplados para abril en la planificación financiera del año), y 67% de “otros gastos corrientes”.
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Mientras que el incremento de las erogaciones vinculadas con la asistencia monetaria a los sectores más vulnerables y de menores ingresos, por efecto de la cuarentena, Hacienda informó que en marzo se constituyeron en el principal factor disparador de las transferencias al sector privado en 113%, como consecuencia del “refuerzo importante en las Asignaciones Familiares; el adelantado de una porción de los fondos afectados al pago del bono extraordinario por $3.000 para jubilados y pensionados que cobren un solo haber y hasta alcanzar un tope de 18.892 pesos.
El pago de intereses sumó $41.577 millones, apenas 13% más que un año antes, por efecto del reperfilamiento de vencimientos heredados del ministro Hernán Lacunza y potenciado bajo la conducción de la economía por parte de Martín Guzmán.
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Aún así, el rojo financiero del mes se multiplicó por poco más que por tres, ascendió a $166.305 millones, el cual fue financiado con aumento de la colocación de títulos de la deuda, principalmente intrasector público, y en menor medida con adelantos transitorios del Banco Central.
Mes agravado por la doble cuarentena
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Las perspectivas para el corriente mes aparecen notablemente peores, porque la doble prórroga de la cuarentena, con muy pocas actividades incorporadas a la lista de “esenciales”, determinó la profundización del escenario recesivo, tanto en la faz productiva como comercial, que derivó en una drástica caída de los recursos tributarios, tanto por la disminución de la base imponible, como por el diferimiento de los plazos de vencimiento.

Mientras que, del lado del gasto se acrecentaron notablemente los pedidos de auxilio monetario y financiero, tanto de personas humanas, como de empresas y provincias, los cuales fueron cubiertos con “créditos blandos” y asistencia monetaria directa del Banco Central.
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Frente a ese crítico escenario, el Gobierno se resiste a tomar medidas de emergencia de recorte del gasto en personal, y de mantenimiento de la burocracia total. Solo atinó a frenar la obra pública, principalmente en lo que respecta a la construcción de vivienda, con baja nominal de la inversión corriente de 65%; en el rubro Educación recorte 36%, y virtual estancamiento nominal, pero fuerte disminución en términos reales en transporte, agua potable y alcantarillado, y en menor medida en el área energética.
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