
Las negociaciones que se avecinan con los acreedores determinarán si finalmente hay o no posibilidades de un acercamiento que permita llegar a un acuerdo. Será el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien tendrá la responsabilidad de definir si mejora o no la oferta que presentó hace diez días, pero que fue rechazada por los bonistas. La distancia es de aproximadamente USD 10: la propuesta que fue valorada en USD 35 debería acercarse a los USD 45.
En los mercados se refieren a esa mejora de la propuesta como un “endulzante”, que ahora admite diversas variantes. En algún momento se especuló con la posibilidad de que sea el FMI quien aporte unos USD 3.000 millones que no se desembolsó del viejo acuerdo para pagarle en efectivo a los bonistas. Si bien esto es una posibilidad, parece una opción casi imposible de conseguir. El Fondo ya prestó USD 44.000 millones para que la Argentina le pague a los tenedores de bonos, sin el resultado esperado.
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Por eso, trascienden distintas propuestas que los inversores están consensuando para mejorar la oferta que realizó el Gobierno. Todas tienen una mayor exigencia fiscal, pero se mantendría el concepto de “período de gracia”, o sea dar tiempo para que la economía argentina vuelva a crecer y permitir el pago de la deuda.
¿Cuáles son esas mejoras que el Gobierno podría ofrecer para mejorar la propuesta? Algunas de las opciones son las siguientes:
- Reconocer los intereses corridos: para sorpresa de la mayoría de los inversores, la oferta no contempla los intereses que se acumularon en los bonos hasta el momento de la propuesta. Se trata de algo inédito en este tipo de operaciones. Pero al mismo tiempo al tratarse de relativamente poco dinero, es posible incluirlo sin generar demasiado ruido. Nadie pondría el grito en el cielo si Guzmán cede en este punto. Pero como indicaba ayer un broker local: “Es como que te vendan una casa sin la puerta y luego te la incluyan. Es lo que debería haber sido desde un principio, en realidad no te mejora nada”.
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- Capitalizar el pago de intereses hasta el 2023: ese año los nuevos bonos empiezan a pagar, pero sólo 0,5% anual. El espacio que tiene Guzmán es pagar intereses -como indicaría la lógica- a partir de la renegociación, pero capitalizarlos por tres años. Eso significa que no habría desembolsos por unos años, pero luego esos pagos se van acumulando para después del 2023. También es algo que suele incluirse en las renegociaciones de la deuda pero que en la propuesta original no apareció. De esa forma podría mejorarse varios dólares la oferta pero justamente dando tiempo a la recuperación.
- Mejora de un punto en los intereses a partir del primer pago: los cinco nuevos bonos incluyen tasas bajísimas de intereses, con una quita total de casi 65%. Los primeros pagos representan un 0,5% en 2023, es decir apenas USD 300 millones. Y luego empieza a subir hasta 1,75% anual en el caso del nuevo bono al 2030 y hasta un pico de 3,75% anual en dólares para los más largos. Se trata de rendimientos extremadamente bajos para un país como la Argentina, completamente desfasados del lugar que el país ocupa en los mercados internacionales.
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- Reducir la quita de capital de los nuevos bonos: si bien se trata de un aspecto menor en esta propuesta, los títulos más cortos tienen un “haircut” del 12%. Es decir que por cada lámina de USD 100 el gobierno entregaría un nuevo títulos que vale USD 88. Pero el análisis de los principales bancos de inversión y sociedades de Bolsa lo consideran como un castigo exagerado por la elección de los títulos más cortos. También en este caso hay un importante margen para mejorar la oferta.
- Efectuar un pago inicial con recursos propios: es algo que se realiza habitualmente en las reestructuraciones. De allí surge el verdadero concepto de “endulzante” y sería una suerte de muestra de buena voluntad de parte del deudor. Pero parece una posibilidad bastante remota, salvo la opción de que ese dinero sea aportado por un tercero como el FMI.
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- Incluir en la propuesta un cupón atado al PBI: ésta fue la gran innovación que apareció en la propuesta de 2005. Resultó poco valorada por los acreedores pero sin embargo le terminó costando una fortuna al Gobierno. Ahora corre el riesgo de que suceda algo parecido, por lo que en principio Guzmán lo habría descartado. Inicialmente había señalado que era una opción para explorar.
Una mejora de la oferta que permita acercar posiciones con los bonistas podría incorporar todos, uno o algunos de estos puntos. Pero cualquier paso que se avance en esa dirección deberá incluir esas alternativas. El cierre de la transacción está previsto para el 8 de mayo, por lo que en los próximos días se sabrá cuál es la decisión del Gobierno: si acercarse a un acuerdo o ir al default y complicar mucho más la salida de la crisis.
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