La Argentina comenzó la cuarta negociación con sus acreedores en menos de 20 años para evitar otra cesación de pagos desordenada

La Argentina lanzó este viernes su cuarta oferta para renegociar la deuda soberana del país en los últimos 17 años.

Luego el aplaudido default de diciembre del 2001 declarado por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saa, el presidente Eduardo Duhalde intentó negociar sin éxito con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Primero lo hizo en 2002 el equipo del ministro Jorge Remes Lenicov, quien, con apenas cuatro meses en el cargo, ni siquiera pudo hacer una propuesta formal. El FMI y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos no querían negociar con un gobierno provisional, cuando no sabían si la crisis no sería peor, después del fuerte paquete de ayuda que había recibido el país en el gobierno de Fernando De la Rúa.

Imperaba la doctrina del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O’Neill, que decía que los “plomeros” de su país no tenían por qué salvar a los inversores que habían invertido en países fallidos.

De hecho, el Fondo se endureció, corrió al argentino Claudio Loser y envió al auditor Anoop Singh a dirigir la relación con el país, supervisado por la subdirectora gerente Anne Krueger desde Washington.

Cuando asumió en abril del 2002 Roberto Lavagna comenzó a diseñar una propuesta junto con el equipo de Finanzas que lideraba Guillermo Nielsen.

Pero fue recién cuando Duhalde dejó en claro que dejaría el poder en 2003, los acreedores comenzaron a negociar.

Así, en septiembre de ese año el ministro anunciaba, casi al mismo tiempo, el lanzamiento de una oferta para los bonistas con una quita del 70% en promedio y un acuerdo con el Fondo para renegociar la deuda con el organismo por dos años, pagando vencimientos y sin recibir fondos frescos.

Un viaje del presidente Néstor Kirchner a Washington en el que se reunió con su par George W. Bush, fue clave para destrabar la cuestión. Así, por primera vez en su historia, el directorio del FMI aprobaba un nuevo programa en contra de la recomendación escrita de su staff técnico.

En paralelo, se desarrollaba la dura discusión con los bonistas. A diferencia del presente, la Argentina venía de una crisis que había explotado cuatro años antes y ya estaba en default; además, hacía múltiples grupos de acreedores con intereses que se contraponían: locales y extranjeros, pequeños y grandes, institucionales y fondos buitre.

Más aún, el país tenía pocas posibilidades de llegar a un buen acuerdo porque no tenía recursos y porque los bonos no contaban con las cláusulas de acción colectiva (CACs) que se impusieron en los canjes del 2005 y 2010, para evitar que una minoría pudiera bloquear un acuerdo con la mayoría.

Dos años después, el país finalmente lanzaría su oferta y conseguiría una adhesión del 76%, con una mayoría de acreedores locales, sobre todo institucionales (las AFJP). Quedaría afuera el porcentaje más alto para la historia de un default soberano: el 24 por ciento restante, frente a porcentajes de un dígito en otras reestructuraciones que se llevaron adelante en esos años.

En 2010, con Cristina Kirchner como presidenta y Amado Boudou como ministro de Economía, se llevó a cabo el segundo canje, que llevó la adhesión al 93% total.

Sin embargo, como el Gobierno y el Congreso sancionaron la denominada Ley Cerrojo que le impedía a quienes no aceptaban esa oferta seguir negociando con la Argentina.

Esta decisión llevó a que el juez de Nueva York Thomas Griesa convalidara por primera vez en 2011, 10 años después del default, una sentencia en favor de los acreedores extranjeros.

La decisión fue convalidada en segunda instancia por la cámara federal de Nueva York y cuando el ministro Axel Kicillof tuvo la oportunidad de llegar a un arreglo con los grandes holdouts -que había propuesto el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega- lo desechó junto a la presidenta.

Así, Griesa decidió que el Gobierno ya no podría pagarles tampoco a los bonistas que entraron a los dos canjes mencionados y la Argentina, en 2014, volvió a caer en default. El gobierno apostó a que la Corte Suprema de EE.UU. revirtiera la decisión, pero el tribunal nunca trató el caso y lo dejó firme.

El gobierno de Cristina terminaría endeudado con la Venezuela de Hugo Chávez y dejando al Banco Central casi sin reservas al final de su mandato, entre otras cuestiones pendientes.

A fines de 2015, cuando asumió Maurio Macri, el ministro Alfonso Prat Gay, el secretario de Finanzas Luis Caputo y el subsecretario Santiago Bausili diseñaron un esquema de negociación que consistió en pagarles a los fondos que todavía estaban en default y con un juicio.

Meses después, el porcentaje de adhesión había superado el 99 por ciento, con la mediación de Dan Pollack, designado por el juez Griesa.

La Argentina lograría que los fondos buitre dieran de baja sus litigios con una suma que pudo haber sido menor si se acordaba en 2014, cuando todavía no contaban con una sentencia definitiva.

La quita final alcanzada, según indicó en su momento el secretario de Finanzas, Luis Caputo, fue del 44%, por lo que la compensación recibida por los bonistas en 2016 se acercó mucho a la que recibieron aquellos que ingresaron al canje del 2005.

El gobierno de Cambiemos pudo volver al mercado voluntario de deuda y hasta emitir un bono a 100 años que parecía mostrar que los problemas de financiamiento habían quedado atrás.

Pero la historia se repetiría apenas dos años después: a principios de 2018 el mercado voluntario de deuda se cerró para el país y el gobierno de Macri tuvo que negociar un nuevo acuerdo con dinero fresco con el FMI.

Por el aporte del organismo multilateral el país no cayó en default, pero luego de la derrota de Macri en las elecciones primarias de agosto pasado, el Fondo decidió frenar los desembolsos pendientes a la espera de que aclarara el panorama político local.

En sus últimos meses -en la gestión del ministro Hernán Lacunza- se “reperfiló” el pago de la deuda local y, con el cambio de gobierno, Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán comenzaron a delinear los principios para negociar: primero el país debía crecer y luego podría pagar.

Ayer comenzó a correr de nuevo el reloj para saber si el país caerá una vez más en otro default desordenado o podrá llegar a un acuerdo.

El contexto es muy complejo por la recesión global generada por la pandemia del coronavirus, pero el universo de la deuda a renegociar resulta mucho más acotado que en el pasado.

Las diferencias entre ambas partes parecen amplias, ya que el mercado valuaba anoche la oferta oficial cerca de los 34 centavos y pretende al menos 50 centavos. Tal como se preveía, la propuesta tiene 3 años de gracia, con cupones que pagan recién en 2023 y una quita de capital en promedio del 5,5%. Se trata de nuevos títulos que vencerán entre 2030 y 2047.

El resultado, de todos modos, como suele suceder en la Argentina, está totalmente abierto.