Los brutales datos que muestran cómo la economía en negro quedó más expuesta por la cuarentena

El alto porcentaje “informal” o “en negro” de la economía argentina quedó aun más expuesto, en evidencia, desde que comenzaron a regir las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin la circulación de las personas que puedan cambiar bienes y servicios por dinero en efectivo, esa economía se apaga y deja de funcionar, y disparó la adhesión a los planes de asistencia que dispuso el Gobierno.

“Como los virus, la economía en negro necesita circulación de personas. La informalidad no permite utilizar medios virtuales de pago o cuentas bancarias porque quedan registrada las operaciones y, por ende, sujetas al control del fisco. Asimismo, hay muchos comercios, emprendimientos y cuentapropistas que sólo facturan una parte de sus ingresos, se mueven entra lo formal y la economía en negro”, describe el economista Lorenzo Sigaut Graviña, director de la consultora EcoLatina.

De esta forma, la única opción para asistir a las personas que operan en la informalidad es con planes universales: como fue el Plan Jefas y Jefes en 2002 o la Asignación Universal por Hijo en 2009. A partir de la cuarentena, se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia, que fue solicitado por 11.382.417 personas, lo que permite tener una dimensión del altísimo porcentaje de la población que está fuera del sistema formal.

“El problema es que es aún más difícil llegar a las empresas que operan en negro pues los beneficios clásicos no les sirven: no pueden acceder a créditos bancarios, la rebaja de impuestos o contribuciones patronales no les aplica. Pero estos pequeños emprendimientos son claves para sostener puestos de trabajo y changas”, señaló Sigaut Graviña.

Según los economistas, los principales factores que explican la elevada informalidad de la economía argentina son: la creciente presión tributaria, el deterioro socio-económico y la volatilidad macroeconómica.

Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en base a datos del Indec, detalló que el solo el 55% de los hogares argentinos tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado, y de ese total, el 16% son pobres. En tanto, el 22% tiene como jefe a un asalariado no registrado (el 43% son pobres) y el 23% tiene como jefe a un cuentapropista (35% son pobres).

En ese caso, las medidas de cuarentena son viables solo en los casos en que el empleador continua pagando los salarios. La otra mitad de los hogares viven del trabajo en la informalidad o por su cuenta y la consecuencia de recluirse es no tener ingresos.

“Hay mucha gente que tiene un trabajo informal pero no es pobre, y a partir de ahora se está empobreciendo. Es el caso de los monmotributistas de la categorías C y D a los que no se destinó ninguna ayuda del Estado”, explicó Jorge Colina, economista de Idesa.

Para los tributaristas, la causa de los altos niveles de economía en negro está vinculada con los altos niveles de presión impositiva, que tiene la Argentina. Según un informe del Banco Mundial, la presión impositiva sobre las empresas argentinas es la segunda más alta a nivel global, solo superada por la que existe en Comoras, un pequeño país de África.

“El Gobierno debería aprovechar todos los datos que surgen a partir de la cuarentena para hacer una estadística de la economía informal. La cantidad de gente que se presentó para recibir el bono de Anses es una buena base de datos”, observó el tributarista César Litvin, titular del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Según las estimaciones históricas que maneja, la economía no formal en la Argentina siempre rondó el 35% pero esa cifra hoy puede ser más cercana al 40 por ciento.

Para Litvin, el Gobierno debería realizar un blanqueo laboral y plantear una suba del mínimo no imponible en los salarios, incrementarlo a $30.000 por ejemplo, para que a las empresas les resulte menos caro contratar empleados “en blanco”. Hoy el mínimo ronda los $17.000 para algunas actividades y $7.000 para la gran mayoría. “Es mejor tener menos contribuciones patronales, pero más empleo formal. El Estado tiene más recaudación, el empleado tiene seguridad social y el empleador baja su costo laboral. Es una ilusión óptica tener alto costo laboral y sin recaudación”, propuso.

En la Argentina, resulta muy difícil hacer política pública cuando muchos actores de la economía funcionan en informalidad total o parcial, dijo a Infobae el economista Mariano Otálora. Y criticó que los gobiernos que nunca trabajaron para incorporarlos. "Hace más de 30 años que tenemos indicadores de crecimiento de la informalidad”, destacó el economista.

“Siempre los políticos sacan moratorias previsionales o blanqueo de capitales, trabajan sobre el stock de casos pero no con los flujos nuevos. Estas reformas hace años que se demandan. Esto también explica la alta presión fiscal que existe en donde los formales pagan por los informales”, agregó.

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