“Si sigue el aislamiento, vamos a poder sostener el negocio unos dos meses, no más. Estamos enfocados sobre todo en pagar los salarios. Va a depender del largo de la tormenta si podemos seguir adelante o no”, pronosticó Joaquín Barrera, dueño de Sharewood, un restaurante y salón de fiestas en Villa Rosa, una zona Pilar.
Desde que se anunciaron las primeras medidas de aislamiento, se cancelaron ocho fiestas de casamiento que estaban previstas en el salón. Algunas fueron reprogramadas. “Ya teníamos gran parte de las compras hechas, frutas, comidas y congelados que se pierden, y devolvimos parte del dinero pero al ser una razón de fuerza mayor, buscamos llegar a un acuerdo con los clientes para buscarle una vuelta”, agregó; aunque aclaró que está de acuerdo con las medidas tomadas por los Gobiernos nacional y provincial. En Pilar, se estima que hay unos 500 locales gastronómicos, de los que dependen aproximadamente 9.000 personas.
El negocio gastronómico fue uno de los más afectados por las medidas de aislamiento y a pocos días de la fecha de pago de salarios hay más preocupación por la continuidad de estos comercios, en su mayoría pequeñas empresas familiares. “Nunca se dio algo parecido. Los negocios no tienen ninguna entrada y vamos retrasando los pagos. Somos un sector de mano de obra intensiva y no estamos acostumbrados a recibir subsidios del Estado", señaló Ariel Amoroso, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la ciudad de Buenos Aires (AHRCC).
Según la asociación, en la ciudad trabajan 60.000 personas entre empleados de hoteles, restaurantes y bares. Como se trata de pequeñas empresas, solicitaron al Gobierno porteño quedar exceptuados del pago del ABL y de Ingresos Brutos durante el tiempo que dure la pandemia. También que se habiliten créditos a tasa cero para el pago de salarios y una agilización en el programa Repro del ministerio de Trabajo que cubre una parte de los sueldos. “Tenemos que aguantar el tiempo que sea necesario y después poder levantarnos”, dijo Amoroso.
El representante de la asociación destacó que los meses de enero y febrero fueron meses de baja, pero mejores en comparación con 2019 y que en marzo habían comenzado a ver un leve repunte.
Desde la organización Liga de Bares Autoconvocados, que reúne a propietarios de bares, estiman que hay unos 500 locales de ese tipo en la ciudad de Buenos Aires, de los que dependen unas 5.000 familias, y estiman que el 90% de ellos no podrá volver a funcionar si no se toma alguna medida de “rescate” o subsidio para la actividad.
“No tenemos perspectivas de que una vez que termine el aislamiento podamos volver a la normalidad porque el tema de la distancia social se va a seguir manteniendo y quién puede ir a tomar una cerveza solo a un bar”, señaló uno de los empresarios miembros de la liga.
Por su bar para 40 personas en Colegiales paga un alquiler de $60.000 mensuales y no sabe si va a poder afrontarlo el mes próximo. Aunque implementaron servicios de delivery, eso no les permite generar el ingreso necesario para sostener el negocio. “Es un paliativo pero no una solución. Tampoco puedo endeudarme con un crédito para pagar salarios o el alquiler porque no sé si lo voy a poder devolver más adelante”, aseguró.
Entre sus costos fijos detalló alquileres, abonos e impuestos sobre los Servicios (luz, agua y gas), impuestos municipales (Ingresos Brutos, ABL), impuestos directos (Sadaic, Aadi, Capif, Sagai), sueldos y aportes.
Los mismos bares de la Liga habían solicitado en una carta al jefe de Gobierno porteño de la Ciudad que se dispusiera el cierre de los locales como medida preventiva, antes de la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio del Gobierno nacional.
Pero argumentaban que por las características propias de su negocio se iban a ver más impactados que otras actividades. “Posiblemente muchos locales tengan que cerrar sus puertas de forma definitiva al no poder afrontar la estructura de costos fijos sin ingresos que los respalden”, advirtieron.
Es por eso que solicitaron que el cierre total debe ser acompañado por un paquete económico de medidas que absorban y redistribuyan las pérdidas entre otros sectores privados, como propietarios y prestadoras de servicios.
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