Algunas compañías aprovecharon el contexto para lanzar despidos o descontar los días para aquellos trabajadores que, por ejemplo, no tienen con quien dejar a sus hijos. (Reuters)
Algunas compañías aprovecharon el contexto para lanzar despidos o descontar los días para aquellos trabajadores que, por ejemplo, no tienen con quien dejar a sus hijos. (Reuters)

La campaña es clara. El pedido del Gobierno también lo es. Para preservar la salud hay que quedarse en las casas, para hacer más lenta la curva de contagio, aquellos casos en donde la presencia en su puesto de trabajo no sea imprescindible y no esté dentro de las excepciones de la norma que estableció el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo, las entidades públicos y privadas tiene que que articular las medidas necesarias para resguardar la integridad física de sus trabajadores,

Pero así como hay individuos que no respetaron la orden de no salir de sus casas así no sea estrictamente necesario, algunas compañías aprovecharon este contexto para lanzar despidos o descontar los días para aquellos trabajadores que, por ejemplo, no tienen con quien dejar a sus hijos.

“En pocos días de vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, los abogados y abogadas laboralistas recibimos miles de denuncias de incumplimientos por parte de los empleadores a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. Ese nivel de incumplimiento demanda la adopción de nuevas disposiciones para garantizar el aislamiento y la protección de los sectores más vulnerables”, señalaron desde la Asociación de Abogados Laboralistas.

En algunos casos, según los abogados laboralistas, se obliga a los empleados a asistir a sus lugares de trabajo aunque no se trate de actividades exceptuadas.
En algunos casos, según los abogados laboralistas, se obliga a los empleados a asistir a sus lugares de trabajo aunque no se trate de actividades exceptuadas.

Según explicaron desde la entidad, ya recibieron casos de trabajadores que señalan que los empresarios los “obligan a asistir a sus lugares de trabajo aunque no se trate de actividades exceptuadas” o que no pagan las licencias “violando la obligación de abonar los salarios”. Hay otro grupo que avanzó un paso más y ya generó suspensiones “por fuerza mayor a los empleados eludiendo la normativa protectoria que impide esas decisiones unilaterales," entre otros ejemplos de "vulneración de los derechos laborales”.

En el primer paquete de anuncios económicos el Gobierno nacional había lanzado una ampliación de los programas Repro (el Estado paga una parte de los sueldos de los empleados de las empresas que lo reciben), pero no parece ser suficiente para contener al sector privado. “Los trabajadores no denuncian por temor a perder el empleo”, explicaron desde la Asociación de Abogados Laboralistas, por lo que rápidamente desde la entidad le salieron a reclamar al Gobierno que dictamine la “prohibición” de despidos hasta que termine la cuarentena.

“Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) afirmamos que es imprescindible el dictado de una norma que prohíba los despidos y las suspensiones mientras dure la emergencia, de modo de evitar que el efecto disciplinador del desempleo atente contra el cumplimiento del Aislamiento Obligatorio y agrave la situación social. Eso además disminuirá la litigiosidad que genera el incumplimiento de los empresarios”, explicaron mediante un comunicado.

Los laboralistas aseguran haber recibido miles de denuncias de incumplimientos por parte de los empleadores.

Para los abogados hay un exceso de aprovechamiento de parte del sector privado apostando a que el desempleo en la previa a la pandemia ya superaba el 10% y que todo hace suponer que este freno abrupto de la economía local y global hará crecer ese porcentaje.

Días atrás,el Gobierno nacional había lazando un primer paquete de medidas en donde se establecían exenciones impositivas, ampliación de los fondos para el Repro y apoyo salarial para las empresas de los sectores más dañados por la cuarentena de coronavirus, como por ejemplo el turismo. Asimismo, también se lanzaron unos créditos “blandos” por un importe total de $350.000 millones y se congelaron los precios en los productos alimenticios de la canasta básica retrocediendo los precios al pasado 6 de marzo.

Con este programa, el gobierno buscó “garantizar la producción, el trabajo y el abastecimiento en un momento difícil para el mundo”, según el ministro de Hacienda, Martín Guzmán.

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