El rescate a cuentapropistas y trabajadores informales costará $37.000 millones en abril

Las transferencias de recursos que anunció ayer el Gobierno y con las que se busca apuntalar los ingresos de los sectores más golpeados por el parate en la actividad económica que causa el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus COVID-19, le costarán al estado algo menos de $37.000 millones, que alcanzarán a casi 3,7 millones de familias que representan el 30% de los hogares del país. Los cálculos de privados coinciden con estimaciones preliminares del Gobierno y marcan que, una vez superada la emergencia, el frente fiscal volverá a ser fuente de preocupación.

La ayuda que llegará a asalariados informales, cuentapropistas informales, trabajadoras de casas particulares en negro y monotributistas de las dos categorías más bajas se pensó para atender a los sectores más afectados por el parate de la actividad y, aunque fue prevista sólo para abril, se podría repetir en mayo si las medidas de distanciamiento social se extienden en el tiempo.

“El costo de la medida lo estimamos en $36.747 millones si es solo un mes, algo poco probable tras el avance del coronavirus, y $73.494 millones si repite en mayo”, explicó la consultora Elypsis a través de un reporte.

“Se suma a los $22.500 millones en tres tramos que se dieron dos días atrás para 750 mil trabajadores de la salud, y los paliativos que todavía restan, especialmente para pymes, donde la cadena de pagos ya está resentida y se continuará quebrando en los próximos días”, agregó el estudio.

“Es difícil en este contexto tomar medidas que no dejen afuera a sectores con necesidades o que estén incluyendo a quienes no son afectados por la crisis. Se vislumbra en esta medida puntual tres criterios: atender un segmento donde se estima que la pobreza supera al 65%, donde se encuentran las tasas de tenencia patrimoniales más bajas y que no tiene recursos o posibilidad para implementar otras modalidades de trabajo. Pero quedan muchos sectores muy resentidos sin atender. Habrá que decidir con estrategia hasta dónde se ayudará, teniendo en cuenta las restricciones fiscales presentes y futuras”, señaló Elypsis.

Dada la recesión en la que la Argentina estaba inmersa antes de la crisis sanitaria, el reporte concluye que el puaís cuenta con recursos limitados para afrontar la emergencia, lo que acrecentará su efecto en la economía: “Cuantificar el impacto es prematuro, pero según nuestras proyecciones el PBI se estará retrayendo 4,5% este año, y 2,6 puntos de esa caída es consecuencia del COVID-19”.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó en algo más de $36.000 millones el presupuesto que demandarán estas transferencias, la mitad del presupuesto de la Tarjeta Alimentar. “Es una inyección fuerte, que busca atender urgencias económicas y mantener un clima de pazo social, pero hay que comenzar el día después”, dijeron desde el centro de estudios.

Más allá de que la emergencia inmediata deba ser atendida, según los analistas consultados, las preocupaciones sobre el impacto fiscal y monetario ya empiezan a aparecer. Sobre todo, para cuando después de la emergencia la inyección extraordinaria de dinero empiece a circular en un contexto precario para el nivel general de precios.

Desde el Gobierno, mientras tanto, estimaron preliminarmente números similares a los que calculan los privados. Hablaban de algo más de $36.000 millones ayer. La fuente de financiamiento, dijeron, no es más emisión monetaria sino la reasignación de partidas ya existentes. Sin embargo, no aclararon si esas partidas ya existentes fueron canceladas o no, ya que obligarían a alguna forma de financiamiento monetario ante la ausencia de otras fuentes.

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