
Febrero cerró con un grado de ejecución de las pautas de gastos de la Administración Pública Nacional para el corriente año de 12,86%, muy por debajo del desempeño observado en los recursos total, en ambos casos sobre la base del presupuesto heredado de 2019, porque se propuso postergar la revisión del plan de gastos y recursos para el corriente año hasta que no se cierre del capítulo de la renegociación de la deuda pública.
Así surge de la datos oficiales de ejecución del gastos y recursos al 28 de febrero, último día hábil del último mes, con un total de $625.244 millones, frente a un monto global comprometido en el bimestre de $790.019 millones sobre una pauta provisoria para todo el año de $4,86 billones; de los cuales pagó $532.630 millones.
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De ahí surge un rezago acumulado en los dos meses de 2020 de casi $165.000 millones entre lo comprometido para el período, equivalente a a casi 19% del período, probablemente responda a una estrategia destinada a revertir el abultado saldo negativo registrado en el primer mes del año.
Se trata de una brecha de más de 6 puntos porcentuales respecto de la meta provisoria de erogaciones pautadas sobre la base del arrastre del Presupuesto 2019 más un adicional de sólo un 10%, pese a que la inflación proyectada por el consenso de consultoras que informan sus pronósticos al Banco Central para el año se prevé por arriba de 40%, aunque muy por debajo de casi 54% del año anterior.
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Semejante desvío se registró pese a que el presidente, Alberto Fernández, enfatizó frente a la Asamblea Legislativa, antes de dejar abierta las sesiones ordinarias, respecto de la herencia que recibió de la administración anterior: “la recurrente subejecución presupuestaria acabó conjugándose con deudas en múltiples dependencias, con la decadencia de la infraestructura ferroviaria”.
Las áreas más demoradas
Sobre 47 grandes subjurisdicciones en que se desagrega la ejecución del Presupuesto Provisorio 2020 al cabo del bimestre sólo 17, un 18% del total en cantidad de dependencias, pero el 80% del total, honraron el compromiso asignado para el bimestre, fueron el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el peso de las partidas para jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo; Obligaciones a cargo del Tesoro, excluido el pago del servicio de la deuda pública; Ministerio de Educación; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Defensa; parcialmente Presidencia; y el Ministerio Público, principalmente.
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Mientras que apenas 9 utilizaron entre el 10% y 14% del total de la partida prevista para todo el año, cuando el óptimo se ubicó en el rango del 17 por ciento.
En tanto en cantidad, 21 subjurisdicciones mantuvieron extrema disciplina en la aprobación de órdenes de gastos, por debajo del 10% de lo comprometido; sobresalieron los servicios de la deuda pública 5,81% del total del ejercicio y la tercera parte de lo programado antes del anuncio del reperfilamiento de los vencimientos, con apenas $56.409 millones de $157.602 millones pautado para el bimestre; Ministerio de Desarrollo Productivo; y el Ministerio del Interior, entre otros.
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Semejante disciplina en la ejecución del gasto de la Administración Central, la cual fue aún mayor en términos de compromisos efectivamente pagados, base caja, porque fueron $62.614 millones menores, junto a la ejecución de 16,57% de los recursos totales sobre un objetivo de casi $4 billones (pese a que en febrero se registró el nivel más bajo en 13 años en la liquidación de divisas por parte de los exportadores y debilitó los ingresos por retenciones), habría permitido obtener superávit final, antes de considerar los movimientos del conjunto de las empresas públicas, fondos fiduciarios y organismos descentralizados. Ese dato se prevé se informará sobre el cierre de marzo.
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