La fuerte desaceleración de la inflación de enero, que arrojó un 2,3%, posiblemente sea por el momento el único dato que permita justificar una de las frases del ministro de Economía, Martín Guzmán, que más resonó en el Congreso: “Las cosas están empezando a ir bien”, dijo, aunque sin justificar demasiado semejante afirmación. La baja inflacionaria en el arranque del año le da al gobierno un mayor margen de maniobra para llevar adelante una de sus propuestas centrales: “desindexar” la economía.
El proceso de “desindexación”, mencionado por el propio Presidente Alberto Fernández esta semana, requiere de un factor principal: convencer a los agentes económicos que la inflación futura será claramente inferior a la del pasado. Es decir que los distintos aumentos que se pacten para el año no se hagan partiendo de la inflación del 53% del año pasado, sino proyectando un nivel de 30 ó 35% para el 2020.
La primera “víctima” de este proceso fueron las jubilaciones, al suspenderse la fórmula de movilidad, que a mediados de año será reemplazada por otra fórmula. Como venía funcionando hasta ahora, los jubilados recibían aumentos de acuerdo a la inflación registrada en los últimos seis meses. Les hubiera correspondido en marzo una suba del 11,5%, mucho más alta que la suba de precios proyectada para el primer trimestre. Sin embargo, se dejó de aplicar ante el fuerte impacto que hubiera tenido en los niveles de gasto público.
Un argumento parecido es que se viene utilizando en Casa Rosada para “sugerir” que no se apliquen cláusulas “gatillo” en las negociaciones salariales. Así se dispuso en la paritaria docente a nivel nacional y la idea es que esto mismo se traslade a las negociaciones en el ámbito privado. En un contexto de inflación decreciente, las cláusulas de ajuste salariales para que los ingresos no pierdan contra la inflación dejan de tener sentido.
El encuentro de Alberto Fernández con la cúpula de la CGT ayer y con Hugo Moyano el miércoles buscan “marcar la cancha” en esta dirección y obviamente contar con el apoyo sindical para conseguirlo. Si las empresas no tienen cláusulas que indexan los salarios a la inflación, se supone tendrán menos presión para continuar con fuertes remarcaciones por la inflación acumulada en 2019. Los jefes sindicales aseguraron que ningún convenio incluirá cláusulas gatillo este año, pese a que hasta el año pasado era moneda corriente.
El Gobierno busca así cortar lo que se conoce como inflación “inercial”, o sea aumentar precios por el solo motivo que subieron en el pasado. En este caso, las expectativas juegan un importante rol. Es cierto que la baja de la inflación se consigue -al menos parcialmente- congelando tarifas, frenando suba de naftas y planchando al dólar, todos fenómenos claramente presentes en enero.
Y si bien el dólar empezó a moverse en febrero, las tarifas y la nafta siguen congeladas en febrero. Además, se registra una mayor estabilidad en los precios de los alimentos. El gobierno entiende que en alguna medida esto se debe al buen funcionamiento del programa Precios Cuidados: al haber productos de primera marca que registraron fuerte aumento del consumo, esto actúa como “disciplinador” en los precios de muchos alimentos, bebidas y productos de higiene que no están incluídos en el programa. Si aumentan excesivamente los precios, aseguran, el consumidor se termina pasando a los que están dentro del programa. Al menos esta dinámica se estaría observando desde mediados de enero, lo que claramente tendría un impacto favorable en el número de inflación de febrero.
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