Los bonistas buscan coordinar una estrategia en común con el FMI y el Tesoro de EEUU para negociar con la Argentina

El comité de acreedores privados de la Argentina asegura que está trabajando en forma coordinada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Tesoro de los Estados Unidos para presentarle al Gobierno una propuesta unificada para la reestructuración de la deuda.

Fuentes del comité que se formó en Nueva York afirmaron a Infobae que hay “muchos contactos sólidos en el FMI, incluyendo a la directora gerente, Kristalina Georgieva, y a la directora legal del organismo, Rhoda Weeks–Brown”.

Parte del comité tiene planeado viajar a Buenos Aires antes de fin de mes para acelerar las conversaciones con el Gobierno.

“Estamos trabajando en forma extremadamente cercana a ellas”, indicó el representante de los bonistas con títulos argentinos.

Los fondos que trabajan más activamente en esta unificación de criterios son Gramercy y Blackrock, en forma separada.

Otra fuente de un fondo de inversión confirmó estos contactos y dijo que “el objetivo es saber qué piensa cada uno para saber cómo enfrentar la negociación con la Argentina”.

Sin embargo, desde el FMI, un vocero relativizó esta estrategia en diálogo con Infobae: “Como una cuestión de principios, el FMI no se involucra directamente en las negociaciones de la deuda entre un soberano y sus acreedores privados. El Fondo se focaliza principalmente en los resultados de la sustentabilidad de la deuda y cualquier contacto con los acreedores -y con las autoridades del país- se dan en este contexto. Por lo tanto, no ha habido una discusión sobre una estrategia en común con los acreedores privados”.

A su vez, una de las firmas internacionales que asesorarán legalmente al comité, Orrick, trabajan con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la misma dirección.

El encargado de consolidar este vínculo es un abogado de Orrick que también trabajó en el área legal del Fondo, Thomas Laryea.

Las otras firmas que asesorarán al comité son Clifford Chance y, en la Argentina, Nicholson & Cano, que no se ocupará de los potenciales litigios en Nueva York.

Sorprendente lentitud

Los fondos con bonos argentinos se sienten algo desconcertados por la lentitud con la que el Ministerio de Economía está encarando la negociación, dado que a partir de mayo el país enfrenta vencimientos de capital importantes (USD 3500 millones) más unos 400 millones en intereses.

“Pareciera ser que todavía están viendo dónde están parados y, a la vez, los abogados de la Argentina le están sugiriendo al equipo económico que no negocie directamente con los bonistas hasta que no hayan formalizado una oferta”, indicó la fuente de Wall Street.

“No se sabe si no tienen en claro la propuesta que van a hacer o prefieren el hermetismo para jugar con el efecto sorpresa”, agregó.

A la vez, el ejecutivo dijo que el Ministerio de Economía debería presentar una oferta “razonable si quiere cerrar un acuerdo rápido, ya que si propone, como trascendió cuatro años de gracia, no habrá acuerdo”.

Varios acreedores elogian las medidas adoptadas por el Gobierno en materia fiscal por la suba de los impuestos y el congelamiento de las jubilaciones, pero este ejecutivo dijo que quieren conocer la opinión del Fondo para saber “si son sustentables, porque nadie sabe qué va a pasar con la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones que el Gobierno presentará a mediados de año”.

En este sentido, un informe del Citi que se conoció hoy indica que “la mayoría de inversores espera un acuerdo sobre deuda argentina para fin de 2020. En nuestra opinión, cuanto más se demore hará que las negociaciones sean más difíciles, ya que Argentina probablemente se quedará sin fondos a mediados de año”.

Esto se debe al nivel de reservas del Banco Central, que serán utilizadas para pagar la deuda mientras no se llegue a un acuerdo con los acreedores privados.

El presidente Alberto Fernández ha expresado que espera que el acuerdo con los acreedores privados concluya en el primer cuatrimestre del año. Las negociaciones con el FMI podrían llevar más tiempo, dado que los vencimientos del préstamo aprobado en 2018 deben pagarse en 2021 y 2022; sin embargo, el Gobierno también quiere llevar ambas negociaciones en paralelo.

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