Prestadores de la salud privada piden medidas de alivio y aseguran que en los últimos 10 años desapareció la mitad de las empresas del sector

Los prestadores de servicios médicos de todo el país aseguran estar en crisis. El sector que reúne a las obras sociales de personal jerárquico, mutuales, hospitales de comunidad y sanatorios y clínicas de asociaciones civiles de todo el país que cubre alrededor del 70% de la cobertura de salud señalan que está en terapia intensiva y que en los últimos 10 años desaparecieron “entre el 40% y el 50% de las clínicas y sanatorios del país”.

El sector de la salud lleva 17 años declarado en emergencia, situación que le permitió a algunos sanatorios no realizar los aportes para financiarse a través de esa diferencia y sortear el estiramiento de los plazos de pago del Estado nacional y provincial cada más largo. Esto generó una situación de virtual quebranto que, según explicó el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), Jorge Cherro significa “una deuda de alrededor de $10.000 millones sin contar intereses y punitorios que si la Afip la reclama significa el cierre del sector privado de la salud”.

Pero no solo los representantes de las clínicas y sanatorios se mostraron “angustiados” por lo que calificaron como una situación terminal. Jorge Piva de la prepaga Ase Conecta y José Sánchez director de Emergencias y de la Federación de Empresas de Atención Domiciliaria se mostraron en sinfonía. “En los últimos 5 años se redujo a la mitad la cantidad de empresas”, dijo Sanchez.

Mientras aseguran que ya no pueden pagar el “bono de Macri” de $5.000 y ahora se les suma el incremento salarial y que sienten que el sector está en condiciones de “abandono” camino a una “muerte silenciosa”, la semana que viene se reunirán con el ministro de Salud Gines González García a quien le llevarán nuevamente un documento con medidas que entienden necesarias.

“No se pueden actualizar las tarifas, el aporte que hacen los trabajadores a través de las obras sociales no alcanza porque los salarios pierden contra la inflación, por lo que le vamos a pedir que, ya que funcionamos como subsidiarios del Estado, tengamos alguna exención impositiva.”, señaló Cherro. Así es que pedirán lo siguiente:

- Dar libre disponibilidad para la utilización de los saldos técnicos no computables de IVA, generados por la exención de IVA a las obras sociales y prepagas;

- No aplicar IVA en la importación directa de bienes de capital, insumos médicos y medicamentos dado que se acumulan como créditos no recuperados,

- Eximir del impuesto a las ganancias lo pagado por las familias en concepto de cuota a las empresas de medicina prepaga o adicionales de aportes,

- Nivelar el impuesto al cheque a la alícuota de las obras sociales lo cual implicaría pasar la alícuota de 1,2% a 0,5%;

- Adecuar el momento de pago de las contribuciones patronales con el momento de cobro por parte de los prestadores médicos de las facturas que le emiten a las obras sociales y prepagas,

- Tender hacia la eliminación del impuesto a los ingresos brutos provinciales y las tasas de comercio e industria municipales a los financiadores y prestadores privados de la salud,

- Creación de un contrato laboral especial para las relaciones entre las instituciones prestadores y los profesionales en ejercicio liberal de la medicina; Sustituir en la definición de PYME a la variable personal ocupado por número de camas en el sector médico prestador;

- Establecer un arancel cero a la importación de bienes de capital e insumos específicos para la atención médica que no se produzcan en el país

- Exclusión del régimen de factura de crédito para empresa del sector salud

- Adelantar la unificación de la alícuota de contribuciones patronales a 19,5 para todos los empleadores, la cual está pautada para el año 2022

- Prórroga de la emergencia sanitaria y moratoria especial con reducción de intereses resarcitorios, plazos extendidos y eximición de sanciones.

“Nosotros le vamos a pedir a Gines que nos alivie los costos y que se llame a una mesa de concertación para encontrarle una solución al sistema que no venga por el lado de los ingresos porque la gente no puede pagar más”, agregó Piva. Si sólo se aplica la medida del IVA y la reducción del impuesto al cheque tendrían un costo fiscal de 52.000 millones de pesos.

PMO

Un punto que también quieren discutir las empresas es lo que está dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). “Ahora están señalando que las prepagas tendríamos que cubrir los protectores solares. Tenemos que acordar qué va a estar dentro del PMO y que no, porque nadie sabe el costo del PMO”, explicó Piva.

En este punto, los empresarios le pedirán a Gines que el Programa Médico Obligatorio de Emergencia quede con “prestaciones de atención primaria de la salud de 1°, 2° y 3° nivel y fondo de financiamiento específico para las nuevas tecnologías de muy alto costo. La emergencia del sector salud exige garantizar el financiamiento de las prestaciones más frecuentemente demandadas y con probada costo-efectividad desde el punto de vista poblacional, para atender las necesidades de la mayoría. La incorporación de nueva tecnología, que en general no tiene evidencias robustas de efectividad y está dirigida a la atención de casos particulares, debería ser financiada con un fondo de financiamiento específico para las innovaciones de muy alto costo, más la puesta en funcionamiento de la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias".

Guillermo Lorenzo, vicepresidente de Adecra Cedim fue lapidario: “nosotros se lo dijimos a los legisladores y se lo explicamos a los funcionarios de la gestión anterior. Recién van a entender el estado de situación en la que estamos cuando la crisis sea tan importante que ni ellos tengan un lugar donde atenderse”.

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