Economía en emergencia en el comienzo de la era Fernández: ajuste fiscal, medidas para reactivar y el gran round que viene

Los primeros 30 días de Alberto Fernández en el poder fueron muy ajetreados, pero al mismo tiempo bastante más tranquilos de lo que la mayoría vaticinaba. Lo que está claro es que el nuevo Presidente llegó sin ánimo de perder un solo minuto para tomar las primeras medidas en un contexto de emergencía. La “megaley” de Solidaridad Fiscal sentó las bases para lo que es arranque del 2020. Desde el Gobierno se amparan en la emergencia para justificar un fuerte aumento de impuestos, especialmente para la clase media y media alta, además del campo. Hubo aumento de retenciones, Bienes Personales y se creó un nuevo impuesto a las operaciones en dólares, incluido el atesoramiento.

Todo esto se hizo pensando en preparar el terreno para lo que será una importante prueba para la nueva administración: la renegociación de la deuda. Por ahora se optó por volver a “reperfilar” los vencimientos en dólares de corto plazo. Pero en este primer trimestre se acelerarán los tiempos para negociar con los acreedores. El objetivo primordial es obtener entre dos y tres años de gracia para no pagar capital ni intereses. Esto sería acompañado por un alargamiento de plazos, pero las quitas nominales serían mucho más bajas que en la renegociación del 2002.

Esa reestructuración, que en Casa Rosada aseguran que podría concluir en marzo, marcará dónde está parado el nuevo gobierno. Si se hace en forma exitosa y es aceptada por una cantidad sustancial de bonistas (alrededor del 90%), las chances de ir hacia una recuperación de la economía más sostenible crecen de manera considerable. Se apuntaría a colocar nuevos bonos que tengan un rendimiento en el mercado inferior al 10% anual en dólares en una primera instancia. Y esto permitiría salir del aislamiento financiero, que obligó al gobierno de Mauricio Macri a tomar una millonaria deuda con el FMI ante la imposibilidad de acceder al crédito voluntario vía colocación de bonos.

Era razonable que los inversores festejaran las señales de ajuste de parte del Gobierno, ya que esto permitiría llegar mejor parado a una renegociación de la deuda. La calidad de la política fiscal es otra cosa. La Argentina está entre los países con mayor peso de impuestos del mundo, lo que conspira contra la producción y la atracción de inversiones. Las críticas pasan por el escaso esfuerzo por bajar el gasto público, por ejemplo a través de un achicamiento del tamaño del Estado. El mayor esfuerzo para reducir el gasto pasó por la suspensión de la fórmula de movilidad jubillatoria, que hubiera significado un importante aumento de haberes para el sector pero a la vez un gran esfuerzo para las arcas públicas.

Este esfuerzo fiscal es compensado al menos parcialmente con algunos aumentos puntuales para los sectores más postergados. Hubo bonos para jubilados y beneficiarios de planes sociales. También se resolvió un aumento para asalariados por decreto, que será tomado a cuenta de las próximas paritarias. Aún a cuentagotas, Alberto Fernández procuró cumplir con aquella promesa de “ponerle plata en el bolsillo a la gente”.

Como no alcanza con estas medidas por el lado de los ingresos, el Gobierno también avanzó con algunas decisiones casi calcadas de los anteriores gobiernos kirchneristas. La más relevante es el congelamiento de tarifas por seis meses. No hay margen, sin embargo, para que el congelamiento se extienda por años, como hicieron en su momento primero Néstor y luego Cristina Kirchner.

Al mismo tiempo se hizo todavía más restrictivo el acceso al dólar, a través de un duro control de cambios. Nadie espera en el futuro inmediato que esas trabas sean suavizadas y mucho menos removidas. Incluso ayer se anunciaron las primeras medidas para “administrar” el ingreso de las importaciones, un “déjà vu” de las polémicas DJAI, es decir las declaraciones juradas que había que presentar para cualquier ingreso de mercadería al país hasta el 2015.

En definitiva, tal vez lo más relevante de estas primeras semanas de Alberto Fernández puede resultar intangible: haber alejado fantasmas sobre la introducción de un posible “modelo chavista” al país, algo en lo que insistió el macrismo durante toda la campaña electoral. Ese alivio quedó reflejado en una caída del riesgo país (que igual sigue en la zona de 1.900 puntos), una recuperación gradual de las acciones argentinas y estabilidad del mercado cambiario.

Luego de los primeros pasos, los desafíos son enormes. La renegociación de la deuda aparece como el objetivo inmediato más relevante, pero al mismo tiempo habrá que recuperar la confianza de los inversores y trabajar duro para consolidar la seguridad jurídica. Sólo así será posible convencer a los propios argentinos que vuelvan a invertir en el país y poner en marcha un círculo virtuoso que permita recuperar el crecimiento perdido hace ya casi una década.

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