
El Senado de la Nación sancionó el paquete de emergencia que envió el Poder Ejecutivo Nacional, pero no es el único de este tipo presente en el país. Buena parte de las provincias estuvieron durante los últimos días del 2019 aprobando leyes ómnibus para enfrentar una coyuntura con presiones alcistas del lado de los gastos corrientes y financieros y debilidad de los recursos tributarios.
Además de la addenda del Pacto Fiscal, los distritos subnacionales también llevaron adelante la aprobación o prórroga de sus propias normas extraordinarias.
Así como Buenos Aires tiene siete emergencias, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco, Chubut, Formosa, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, Entre Ríos, Misiones, tienen emergencias económicas, sociales, de salud, de seguridad, entre otras.
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Las normas de emergencias aprobadas por las cámaras legislativas les dan a los Poderes Ejecutivos de cada distrito mayor margen de acción para el movimiento de partidas presupuestaria o más agilidad para el llamado de licitaciones de obras que entiendan que se enmarcan en esos procesos. Pero, por otro lado, también implica cambios en la política tributaria que a veces pueden ser beneficiosos para los contribuyentes, pero en general, en la sumatoria, son perjudiciales.
La modificación del Pacto Fiscal que fue la previa a la aprobación de la emergencia nacional hizo que varias provincias modificarán las alícuotas de Ingresos Brutos. El acuerdo firmado por las provincias y el gobierno de Alberto Fernández congeló el cronograma de baja del impuesto hasta 2022 y abrió la puerta para que aquellos distritos que estaban por debajo del techo máximo lo puedan volver a subir.
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Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) hace un recorrido por el estado de situación del Impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias; y explica que con el cambio en el Pacto Fiscal, consecuencia de “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, hay 9 provincias que podrían subir 41% las alícuotas al sector comercio (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan y Santa Fe) ya que se encuentran por debajo del techo del 5 por ciento.
El otro sector en donde se podría sentir un nuevo incremento en sus tarifas para los consumidores y en los impuestos para los propietarios es el restaurantes y hoteles ya que también hay 9 provincias (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero). En todas estas provincias se podría subir la presión impositiva.
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En total, según explicaron fuentes de la Casa Rosada, el freno a la baja de este impuesto repercutirá en un incremento de alrededor de $70.000 millones en los ingresos provinciales.

Los aumentos caso por caso ya definidos
San Luis convirtió en ley la nueva norma impositiva anual, que contempla un aumento del 61% de impuestos provinciales para 2020 con un alza en Ingresos Brutos, Automotor, Sellos e Inmobiliario.
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Buenos Aires discute qué va a pasar con el inmobiliario.
Santa Fe impuso un aumento que, aunque establece un piso de suba de 10% y un alza de 40%, la formula tiene un coeficiente para grandes propietarios que llega a 89%. La administración de Omar Perotti también reformó la alícuota de Ingresos Brutos para las cerealeras de 0,25% a 2% lo que significa una aumento de 700%, igualó a todo el sistema financiero en 7% -tenía una escala que arrancaba en 4,55%-, incrementa la alícuota 55 por ciento.
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Córdoba la administración de Juan Schiaretti logró que la legislatura le aprobara un aumento del Inmobiliario Urbano promedio de 42% con un piso de de 41% y un techo del 93% por ciento. En lo que se refiere al Rural, desde la provincia señalan que el promedio del incremento será del 65%. Al igual que en el resto de los casos, se toma la extensión y la valuación, con un piso de 46% y un techo de 77% (el 5% de los inmuebles, sin tope).
Tierra del Fuego, la administración de Gustavo Melella logró aprobar cuatro emergencias: pervisional, educacional, sanitaria y portuaria. La ley de emergencia del sistema previsional establece que, durante dos años, los jubilados con menos de diez años de aportes y haberes superiores al sueldo del gobernador realizarán un aporte extra del 12 por ciento.
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Santa Cruz, se aprobó la emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales en lo referente a la creación de áreas naturales protegidas, y la emergencia comercial, que suspende la clausura de los comercios en toda la provincia por incumplimiento de obligaciones tributarias.

Beneficios parciales
Las leyes de emergencia que por un lado incrementan la presión fiscal para que los Estados logren incrementar sus ingresos también resguardan a ciertos sectores. Las más conocidas son las que se dictan por las inundaciones en el sector agropecuario que, generalmente, establece prórrogas impositivas para los productores con el fin que no lleguen a la quiebra.
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Río Negro que promulgó su propia ley de emergencia en donde modificó las alícuotas de Ingresos Brutos de algunas actividades en virtud de la suspensión del Consenso Fiscal, en paralelo, dejo exentos del IB a los integrantes de la cadena frutícola. Asimismo, estableció la prórroga de la suspensión de los cortes del suministro de gas natural y energía a los usuarios desempleados o en condición socioeconómica vulnerable que impida el cumplimiento de estas obligaciones.
Los productores cítricos de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, Salta y Catamarca también estarán protegidos. En este sector se aprobó una prórroga y moratoria de las obligaciones impositivas y seguridad social de AFIP y Anses.
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Asimismo, durante la emergencia quedan suspendidos juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los productores de frutas.
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