Mañana vence el plazo para que bancos, asesores financieros y acreedores envíen sus propuestas formales al Ministerio de Economía para la reestructuración de la deuda que el Estado argentino tiene con privados y con organismos multilaterales de crédito, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Antes de que termine el año, más precisamente el 26 de diciembre, la Secretaría de Finanzas, que conduce Diego Bastourre, informó mediante un comunicado que "hasta el día 3 de enero de 2020, inclusive, se recibirán propuestas de instituciones y asesores financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina”.
“Dichas propuestas -agregaba el comunicado- deberán dirigirse a la casilla de correo electrónico ugs-agentesfina@mecon.gob.ar”. Este plazo vence mañana y no hay intenciones, según dijeron en Economía, de prorrogarlo. Sobre el fin del día, desde la cartera informarán lo sucedido y los próximos pasos, agregaron las fuentes, sin precisar aún cuántas fueron las propuestas recibidas.
De todos modos, fueron pocos los días que dio Economía para formalizar el envío de las propuestas –apenas cuatro días hábiles–, por lo que se entiende que los bancos y asesores financieros habrán reenviado las que ya le habían acercado al anterior ministro de Economía, Hernán Lacunza, que ascendían a 13.
Según había trascendido en ese momento, las alternativas que ofrecían las entidades financieras internacionales eran variadas. La mayoría proponía extender los plazos de pago entre cuatro y cinco años y algunas sugerían una quita sobre del capital del 20%.
La idea del gobierno anterior había sido sólo patear los plazos de los vencimientos de capital y seguir pagando los cupones, ya que la idea manifestada en varias oportunidades por Lacunza era que la Argentina afronta un problema de liquidez pero no de solvencia. Pero lo que creen en el actual gobierno es que la Argentina primero debe crecer para empezar a pensar en pagar la deuda y que se requieren de algunos años de gracia.
Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, el país también tiene un problema de solvencia. Y lo dijo claramente en un tuit que publicó a comienzos de noviembre: “Liquidez y solvencia no son estados independientes. Las percepciones de solvencia afectan al precio de la liquidez, y viceversa. La Argentina tiene un problema de liquidez y de solvencia (sostenibilidad de deuda). Resolverlo es condición necesaria para la recuperación”.
Según datos oficiales, la deuda bruta de la administración central ascendía a mediados de este año a USD 337.267 millones, de las cuales un tercio está en manos de agentes privados.
“Me encontré con un montón de deuda acumulada que no aparecía en los papeles. Deuda que el Estado tomó –no deuda pública- con proveedores que el Estado tomó y no pagó", aseguró en el presidente Alberto Fernández en declaraciones radiales. "Solamente en medios hay más de $1.500 millones impagos y así pasa en todos los órdenes: proveedores que siguieron dándole productos al Estado y el Estado no los pagó. Esta es una deuda que no estaba computada, que aparecía como deuda regular y de regular no tiene nada”, afirmó.
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