Dos de cada tres jubilados accedieron al beneficio a través de moratorias o leyes especiales

La Ley de Emergencia Económica sancionada recientemente por el Congreso de la Nación generó confianza en los inversores que entendieron que un ajuste fiscal implicará mejores condiciones para renegociar la deuda por parte del Gobierno. No obstante, trajo también repercusiones negativas por la suspensión de la fórmula de actualización de haberes por 180 días, en un marco en el que se esperaba que los jubilados cobrasen en 2020 un aumento superior a la inflación esperada para ese año.

En ese sentido, el punto más álgido que trajo la discusión fue el hecho de que las jubilaciones de privilegio que cobran políticos, magistrados y diplomáticos no entraban en esa lógica. Tras la polémica, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso una iniciativa “con el propósito de garantizar la igualdad” y que “se termine con las jubilaciones de privilegio”.

Cabe recordar que la suspensión de la fórmula jubilatoria fue acompañada con el anuncio de un bono de $5.000 en diciembre y enero para jubilados y más un plus para beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes.

Pero existe además un trasfondo vinculado a un sistema previsional que cada vez se torna más insostenible para el Estado por la baja relación entre activos y pasivos en la economía. En ese contexto, la consultora IDESA publicó un informe al que accedió Infobae, en el que señala que “la emergencia actual debería ser el inicio para una reforma jubilatoria” y que dos de cada tres jubilados -casi seis millones de personas- accedieron al beneficio a través de normas “especiales” en la Argentina, lo cual agrava la situación del sistema previsional.

La consultora analiza el peso de los regímenes especiales y señala que según datos de la Secretaría de Seguridad Social y de las cajas provinciales no transferidas, “se observa que la mayoría accedió a beneficios superiores a los que les correspondían de acuerdo con el régimen general”.

Esto significa que en el país hay tres millones de jubilados y pensionados que accedieron al beneficio encuadrados en las reglas fijadas para el régimen general. Y que otros cinco millones de jubilados y pensionados sin aportes o con aportes insuficientes obtuvieron el beneficio a través de pensiones no contributivas y moratorias.

Mientras que unas 900.000 personas se jubilaron con algún régimen especial, diferenciado del general. “Estos datos muestran que, de los casi nueve millones de jubilados y pensionados existentes, aproximadamente un 10% obtuvo su beneficio por un régimen especial, es decir, reglas previsionales más generosas que las generales”, sostiene el informe.

Destaca que entre el resto de los jubilados y pensionados, la gran mayoría también obtuvo su beneficio sin cumplir con la totalidad de aportes que exige el régimen general. De esa manera concluye al afirmar que “dos de cada tres jubilaciones y pensiones fueron otorgadas con normas diferentes al régimen general”.

“Que la excepción sea el régimen general demuestra la degradación del sistema previsional y la necesidad de abordar un ordenamiento integral", considera la consultora. Y añade que suspender transitoriamente la movilidad o la revisión de los regímenes especiales más abusivos (como podrían ser los de jueces, políticos y diplomáticos) son temas importantes, pero están lejos de ser los únicos.

“Para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional es necesario un abordaje integral que tienda a la unificación”, concluye el documento.

Tras la ley de Emergencia los interrogantes que surgen son: de qué suma serán los porcentajes de aumento con periodicidad trimestral hasta mediados de 2020, hasta que se apruebe una nueva ley; si la nueva fórmula es sostenible para las arcas del Estado y cómo se configurará la nueva fórmula de actualización de haberes.

El Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino mostró su preocupación respecto de la posibilidad de sostener el sistema jubilatorio actual. “La situación es grave porque, el otro gran tema pendiente, es el financiamiento”, destacó. Y añadió que “ninguna fórmula con una alta inflación termina resolviendo el problema”.

Mientras que el titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Ágis, sostuvo en un reporte para clientes que si la actual fórmula de indexación jubilatoria siguiera vigente, las estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos previstos en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Resta saber si Alberto Fernández avanzará con una reforma previsional más allá del cambio de la fórmula de actualización de haberes que se espera para mediados de 2020.

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