La decisión de subir las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y agregar una tasa mayor para los activos en el exterior ayudará poco a compensar el aumento del gasto previsto para 2020 por el Gobierno y castigará más a la clase media.
Tributaristas consultados por Infobae subrayaron el escaso peso específico de este impuesto sobre el total de la recaudación: en los primeros 11 meses del 2019, recaudó $ 25.817 millones contra un total de ingresos por todos los impuestos de 4,5 billones de pesos.
El impuesto representa el 0,5% del PBI, precisó el ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Humberto Bertazza.
Además, desde el ejercicio fiscal 2019 ya no se paga este impuesto por la vivienda única y familiar, un criterio que, según el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se mantendría en la nueva normativa.
La alícuota máxima actual de este tributo, cada vez más en desuso en el resto del mundo, es del 0,75%.
Si efectivamente, como trascendió en un borrador preliminar de la ley de emergencia, se aplicara una alícuota del 1,75% para los activos en el exterior, el ingreso adicional de recursos al Estado resultaría poco importante, a diferencia de lo que ocurrirá con la suba de las retenciones al agro (aunque en este caso también los productores se adelantaron y liquidaron divisas a granel para evitar el aumento impositivo).
Mientras tanto, los tributaristas ya comenzaron a hacer cálculos: ¿Conviene dejar los activos en el exterior, pagando un impuesto más alto en un contexto de bajas tasas de interés, o repatriarlos para eludir esta tasa, pese a la larga historia de confiscaciones registrada en el país?
El tributarista César Litvin dijo que “por el mínimo vigente actualmente, Bienes Personales se transformó en un impuesto a la clase media, que afecta el ahorro, la inversión, genera fuga de capitales y suma pocos recursos a la recaudación”.
Sin justificación
El abogado especialista en temas tributarios Diego Fraga dijo que “con una recaudación magra, las modificaciones en este anacrónico tributo no tienen demasiadas justificaciones, salvo de carácter político o ideológico. Sobre todo cuando anteriormente se redujo para permitir a las provincias aumentar sus impuestos patrimoniales”.
“Por otro lado, si no se mueven los mínimos a partir de los cuales se comienza a tributar el impuesto a los bienes personales, de alrededor de los 31.000 dólares al tipo de cambio oficial, por la mera inflación ya se produciría un aumento en el impuesto y se incorporarían nuevos contribuyentes”, expresó.
“Si a eso se le agregara el aumento de alícuotas que se anunció, se estaría castigando todavía más a la clase media, que actualmente es la principal afectada por un tributo que fue concebido para altos patrimonios”, advirtió.
En relación a la sobrealícuota en el exterior, Fraga aclaró: “La mera noticia ya dio lugar a que muchos contribuyentes de alto patrimonio avancen en sus planes de relocalizarse en otras plazas más amigables, como Uruguay y Estados Unidos, o en la adopción de estructuras que ponen a resguardo las grandes fortunas de este tipo de medidas de gobiernos fiscalmente voraces”.
Por lo tanto, quienes quedarán atrapados en este incremento tributario serán los ahorristas medianos con cierta capacidad de ahorro. Al respecto, Fraga apuntó: “Habrá que determinar si la compensación o premio fiscal que se establecería por la repatriación es lo suficientemente atractiva para los inversores como para que toleren el riesgo argentino”.
También elogió la posible derogación del impuesto a la renta financiera para los plazos fijos, ya que, pese a las arduas discusiones que generó la aprobación de este tributo en el parlamento, apenas recaudó unos $ 5.000 millones de pesos en todo el año.
Los especialistas también elogiaron la probable moratoria que se incluirá en el paquete que discutirá esta semana el Congreso Nacional. En cambio, pusieron en duda la efectividad de subir impuestos en medio de un cuadro de recesión.
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