A pocas semanas del cambio de Gobierno, surgen nuevos reclamos de bonistas por el pago del cupón PBI en 2013. Los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP y Hirsh Group LLC demandaron a la Argentina por no cumplir con las garantías de los bonos atados al PBI, que amortizan a medida que la economía se expande. Su argumento es que el gobierno argentino manipuló las cifras de su Producto Bruto Interno en 2013 para evitar los pagos. El caso fue presentado ante el Tribunal Supremo de Londres.
Estas presentaciones se suman a una demanda similar por USD 84 millones, iniciada por el fondo Aurelius Capital Management en los Estados Unidos, que fue anunciada a principios de este año. Y de otros tres fondos que lo hicieron días después de las elecciones presidenciales (ACP Master, 683 Capital Partners y Novoriver), que tienen en total USD 1.700 millones en bonos atados al crecimiento de la economía argentina y demandan USD 273 millones en compensación, según adelantó el analista Sebastián Maril.
“Cuando el país incumplió con una deuda de USD 95.000 millones en 2001, en medio de la peor crisis económica de su historia, se ofrecieron las garantías a los tenedores de bonos como parte de su programa de reestructuración. El caso es un recordatorio del litigio de 13 años que siguió al incumplimiento de 2001, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desobedeció las órdenes judiciales de pagar a los llamados tenedores de bonos de fondos buitre, incluido Aurelius”, explicó un cable de la agencia Bloomberg.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri acordó pagar USD 4.650 millones a los fondos para distender las relaciones con los inversores internacionales.
Los fondos que presentaron la nueva demanda en Londres poseen unos USD 6.100 millones en valores denominados en euros y vinculados al PBI argentino. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del PBI durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6% y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los bonos debieron recibir un reembolso significativo.
El conflicto surge porque en ese año, la Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PBI y publicó cifras más bajas de las esperadas y por debajo del porcentaje necesario para activar el pago. Los fondos consideran ahora que la Argentina intentó “engañar” a los inversores, ya sea en forma voluntaria o accidental, al publicar estadísticas inexactas.
En sus presentaciones judiciales, los fondos señalan que la Argentina manipuló las estadísticas económicas en el pasado y señalaron los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en 2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos. La demanda se presentó en agosto y el tribunal puso a disposición los documentos la semana pasada.
Sin embargo, el Gobierno —en distintas oportunidades— negó haber manipulado las cifras del PBI para evitar los pagar a los inversores. En documentos judiciales presentados se aseguró que el cambio era necesario debido a que el método anterior ya no reflejaba su economía.
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