Con algunas semanas de demora, necesarias para poder negociar con la oposición, el Gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de ley que sienta las bases para el reperfilamiento de la deuda pública bajo legislación local, que suma unos USD 32.000 millones.
La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados esta tarde, no incluye una propuesta de reestructuración de estos títulos bajo ley argentina de mediano y largo plazo, sino que sienta las bases para que posteriormente el Ejecutivo convoque a los acreedores y comience a negociar la oferta.
El principal artículo del proyecto incorpora a estos bonos la Cláusula de Acción Colectiva que sí tienen los de legislación extranjera, y que establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie. De esta manera, se busca evitar que surjan los famosos holdouts, aseguran en Economía.
"Este proyecto habilita al Ejecutivo a entablar una negociación. Da una señal de que la eventual discusión de la deuda se hará en un marco voluntario y de racionalidad", aseguró una fuente de la cartera.
Acuerdo base con legisladores
En Hacienda aseguran que el proyecto está negociado con la oposición, pero omitieron hablar de plazos de aprobación. Aspiran a que sea pronto para poder encarar cuanto antes una discusión con los acreedores. Antes de eso, podría haber sondeos en base a un borrador de propuesta que comenzaron a esbozar los funcionarios del equipo de Hernán Lacunza, pero nada formal.
Si bien no dejaron trascender la idea de la propuesta, en Hacienda afirmaron que el problema hoy es de plazos, por lo que se infiere que se está pensando en una extensión "amigable", no es un cambio en las condiciones de los bonos. "La Argentina no tiene un problema de solvencia, pero sí de liquidez", afirmó una fuente del Palacio de Hacienda.
En el Gobierno creen que con esas características, si bien se abrirá claramente una negociación, los bonistas (la mayoría son grandes fondos) deberían aceptar el reperfilamiento, ya que hoy los precios de los títulos están descontando una reestructuración muy agresiva. "Hay que dar una señal hacia el futuro. Los precios muestran que hay mucha incertidumbre y con esto vamos hacia un mecanismo racional", señalaron en Economía.
Actualmente, la deuda pública bruta total asciende a unos USD 307.000 millones, de los cuales USD 113.000 millones corresponden a títulos con privados. De este total, USD 48.000 millones son de bonos bajo legislación local y USD 65.000 millones, bajo ley extranjera. A su vez, de los primeros, quedan USD 32.000 millones si se les restan las Letes y Lecap ya reperfiladas.
Por otra parte, la deuda con organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) asciende a USD 67.600 millones, dentro de los cuales también se incluyen unos USD 1.900 millones que todavía resta pagarle al Club de París.
Deuda bajo legislación extranjera
Mientras esperan los tiempos del Congreso, en Hacienda están avanzando con la otra pata de la deuda privada: la de legislación extranjera. Los bancos ya le presentaron la propuesta a Economía de reperfilamiento de estos títulos y se está analizando.
Sería razonable –analizan en el Gobierno– trabajar en paralelo con ambas legislaciones. En primer lugar, porque hay superposición de tenedores, y por otro lado, porque los riesgos de liquidez en el corto plazo están más asociados con la ley argentina. "Resolver ambos frentes es necesario. Trabajar solamente con la ley extranjera no resuelve el problema", dijo otra fuente de Hacienda.
De hecho, en 2020 vencen USD 12.000 millones bajo ley local y solo USD 400 millones bajo ley extranjera. En 2021, en tanto, comienza a revertirse el panorama. De USD 4.500 millones bajo ley extranjera, vencen USD 3.800 millones bajo ley local.
El proyecto completo:
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