En un marco de fuertes restricciones financieras, que se profundizaron después del contundente triunfo de la oposición en las elecciones primarias, la Secretaría de Finanzas divulgó su informe sobre deuda pública de la administración central actualizado al cierre de agosto, con un dato promisorio: el retroceso de los pasivos brutos a USD 307.000 millones, el monto más bajo desde el último trimestre de 2017, dos años atrás.
La deuda bruta en situación de pago normal se situó el mes pasado en USD 307.570 millones, con una baja de más de USD 32.000 millones o 9,4% respecto de los USD 339.416 millones reportados en julio. Este monto es incluso inferior a los USD 307.656 millones al cierre del tercer trimestre de 2018.
Dos factores se identifican en este importante recorte de pasivos, según la información preliminar.
Por una parte un nuevo capítulo de la devalaución del peso, cuando el tipo de cambio saltó del nivel de 45 pesos por dólar a 60 pesos después de la victoria de la fórmula encabezada por Alberto Fernández, del opositor Frente de Todos, en las PASO del 11 de agosto. Una suba del dólar licúa la deuda nominada en pesos cuando a ésta se la mide en moneda "dura".
Por otro lado, se produjo la cancelación anticipada de un REPO (Repurchase Agreement) asumido con bancos, que permitió rescatar bonos por un valor nominal de 12.800 millones de dólares.
El 20 de agosto, el Ministerio de Hacienda debió adelantar la cancelación de contrato de recompra (REPO) que había sido acordado con bancos internacionales para robustecer las reservas internacionales en 2016, debido al desplome del valor de los bonos soberanos que se habían dado en garantía. Entonces, el Tesoro desembolsó USD 2.615 millones que, al eliminar los intereses a pagar a futuro, significó una baja de la deuda cinco veces mayor.
La cancelación del REPO permitió rescatar USD 5.948 millones en Bonar 2024, USD 4.019 millones en Bonar 2025 y USD 2.842 millones en Bonar 2037.
Más allá de la "buena nueva" de la reducción de la deuda pública, uno de los mayores problemas que la administración de Macri lega al gobierno que surja de las elecciones de este año, la situación financiera del país es muy delicada, lo que llevó al ministro Hernán Lacunza a anunciar un "reperfilamiento" de los vencimientos.
El 28 de agosto, el jefe de Hacienda dio detalles del decreto que habilitó la postergación de los vencimientos de títulos de corto plazo (Letes, Lecap, Lecer y Lelink), que en los hechos se interpretó como un default selectivo, pues extiende el plazo de pago hasta la llegada de la nueva administración del equivalente a unos 13.000 millones de dólares.
También hay que considerar que en el último año la deuda pública de Argentina se había estabilizado en torno a los USD 320.000 millones, después de haber arribado a un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un total de USD 57.000 millones, que implicó recibir créditos del organismo para pagar vencimientos de deuda privada. Por lo tanto, a partir del acuerdo la deuda dejó de aumentar, aunque se fue cambiando de acreedor.
Lacunza expuso este lunes en el Congreso nacional los números del proyecto de ley de Presupuesto 2020, que prevé un superávit fiscal primario de 1% del Producto Bruto Interno.
La proyección del resultado primario –previo al pago de deuda– se ajusta al equilibrio fiscal comprometido con el FMI el año pasado. El ministro aseguró que el Gobierno sobrecumplirá su meta fiscal en el tercer trimestre de 2019, para cerrar el año con un déficit primario de 0,5% del PBI.
El Gobierno espera un desembolso del organismo por USD 5.400 millones, que estaba previsto para septiembre, pero que quedó postergado sin fecha precisa después de la derrota electoral del oficialismo en las PASO.
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