El Gobierno busca impulsar la reactivación: pagarán menos Ganancias los proyectos productivos de largo plazo

Con el objetivo de canalizar el ahorro hacia inversiones de largo plazo a través del mercado de capitales, el Gobierno reglamentó los últimos dos artículos que quedaban pendientes de la Ley de Financiamiento Productivo y que le permitirán a los inversores interesados en desarrollo productivos diferir el pago del impuesto a las Ganancias. Además, en el caso de los fondos cerrados destinados exclusivamente a desarrollos inmobiliarios o al otorgamiento de créditos hipotecarios para viviendas sociales, los inversores tendrán el beneficio de reducir la carga tributaria.

El decreto con la reglamentación de los artículos 205 y 206 de la Ley de Financiamiento Productivo fue publicado hoy en el Boletín Oficial y habilita incentivos a instrumentos como los fondos comunes de inversión cerrados y a los fideicomisos financieros para destinar fondos a la economía real. Además, promueve el desarrollo de vivienda social al establecer beneficios impositivos particulares para los inversores.

"Esto implica que ambos tipos de instrumentos serán fiscalmente transparentes, es decir que no tributarán Impuesto a las Ganancias por las rentas obtenidas en la Argentina. El pago del impuesto quedará a cargo del inversor, quien deberá tributar sólo en la medida que se distribuyan las ganancias de su inversión, creando un fuerte incentivo a la inversión de largo plazo", señala el comunicado enviado por el Ministerio de Hacienda.

El artículo 205 establece que todo aquel inversor que desee aportar a un proyecto productivo de largo plazo a través de un fondo común de inversión cerrado, sólo pagará ganancias una vez que finalice el plazo de ese instrumento, una vez que se distribuyan las utilidades. Además, a partir de esta reglamentación, sólo tributará el impuesto el inversor, cuando  hoy lo hace también la gerenciadora del instrumento.

A su vez, la reglamentación del artículo 206 se refiere específicamente a un tipo de fondo que tiene como objetivo los desarrollos inmobiliarios o créditos hipotecarios destinados a viviendas sociales. Si un inversor pone dinero en un fondo cerrado de estas características, entre el año 5º y el 10º paga sólo 15% de Ganancias y deja de pagar a partir del décimo año.  "Ello busca fomentar la expansión de la oferta de préstamos hipotecarios y la inversión en el desarrollo de viviendas para poblaciones de ingresos medios y bajos", afirmó el Gobierno.

En los últimos meses, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación impulsaron un paquete de medidas orientadas a la promoción de productos de ahorro voluntario, protección e inversión de largo plazo. Consultados al respecto, desde la CNV precisaron que desde 2015 hay aprobados 10 fondos cerrados por USD 460 millones, de los cuales 6 son inmobiliarios por USD 270 millones. Además, las fuentes agregaron que "están bajo análisis para ser aprobados otros 15 fondos cerrados".

Se trata de montos muy pequeños en comparación con los que implican estas inversiones en otros países donde tienen un mercado de capitales mucho más desarrollado, como Chile, Brasil o México, donde los valores invertidos representan entre 3% y 5% del PBI.

Otras de las medidas aprobadas recientemente para el desarrollo de estos instrumentos con la apuesta en inversiones de largo plazo es una exención en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias para: fondos comunes de inversión cerrados cuyo objeto de inversión sea el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y fideicomisos financieros con oferta pública.

A su vez, desde enero, mediante el decreto 59/2019 se incrementaron los montos de las deducciones de ganancias para individuos asociados con fondos y seguros de vida y retiro; valores que no se actualizaban desde 1992. También se acordó con las compañías de seguros un cambio en su reglamento de inversiones y, como consecuencia, se canalizaron cerca de $12.000 millones a activos Pymes.

También se está trabajando en un cambio en el reglamento de inversiones de las compañías de seguros de vida y retiro, que destinarán el 10% de sus carteras de inversiones a activos inmobiliarios y de infraestructura (inciso M). Una vez efectivo, este cambio implicará $16.000 millones de las compañías de seguros a proyectos inmobiliarios y de infraestructura.

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