Las finanzas públicas de la Nación han venido mostrando recurrentemente que el gasto total, corriente y financiero, superó con creces a los recursos corrientes. Eso indudablemente llevó a un sostenido aumento de la presión tributaria – ya se ubica en 35% del PBI – que genera un círculo vicioso debido al desincentivo a generar empleo y, también a la evasión de los impuestos.
Así el país entra en una espiral decreciente que produce un crecimiento débil, expuesto a factores exógenos y carente de desarrollo interno. El famoso cortoplacismo argentino es una práctica en la que todos los gobiernos han incurrido. Por eso es crucial resolver el dilema de bajar la deuda, pero a su vez disminuir el déficit fiscal.
Dado esta situación estructural, el país enfrenta la necesidad de financiar un déficit financiero (ya con el agregado del pago de intereses de la deuda) que actualmente representa un 5% del PBI. Y si ben este año el déficit primario se aspira a que tienda a cero, algunos economistas comienzan a prever que se ubicará en 0,5% del PBI, y el financiero en más de 3,5 por ciento.
Será una buena noticia si se llegara a eliminar el desequilibrio primario, pero hay que evaluar qué cantidad de dinero se tuvo que pedir en préstamos para financiar el exceso de gastos corrientes y, lo más importante, la carga de intereses, a quién y qué montos.
A diciembre del 2018, el total de la deuda pública bruta era de USD 332.192 millones: se elevó 3,5% comparado con el nivel de 2017, unos USD 11.257 millones.
Estructura del endeudamiento del sector público
La participación de los organismos internacionales en la deuda pública bruta a diciembre del 2018 se ubicó en 15% del total. Son niveles similares a los que se tenían en el 2004 pero todavía inferiores al 22% que se alcanzó en 2001. En total, se contabilizan ahora USD 51.037 millones de dólares, de los cuales el 55% corresponde al FMI; 24% al BID; 13% al BIRF; 7% a CAP, y 1% otras instituciones de crédito multilateral.
Por otra parte, se contabilizan USD 215.251 millones producto del financiamiento mediante la colocación de títulos públicos, en gran parte por la regularización de la deuda que estaba en default. De ese total, en los próximos 5 años vencen USD 191.257 millones, que se desagregan de la siguiente manera: USD 68.485 millones en 2019; USD 27.758 millones en 2020; USD 27.508 millones en 2021; USD 37.199 millones en 2022 y USD 30.308 millones en el 2023.
A su vez, esos vencimientos de deuda se desagregan, para el caso del corriente año, en 12% por pago de capital, o principal del préstamo; y el 88% restante de títulos públicos y Letras del Tesoro, más y adelantos transitorios del Banco Central. Esa proporción cambia hacia 2023 en 40% y 60%, capital y maduración de los bonos.
Actualmente, la denominación de los vencimientos de capital están nominados en pesos, por el equivalente a USD 36.657 millones; y USD 31.828 millones en moneda extranjera. Pero esa casi paridad se invertirá fuertemente, hasta llegar al 90% en divisas.
En el caso de los créditos tomados en organismos internacionales, representan sólo USD 1.771 millones de los USD 8.205 millones que vencen en 2019, de los cuales 28% corresponden Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial), 48% con el BID; y 24% con otras instituciones.
Recién en 2021 aparece el FMI con 68% del total contabilizado para entonces; sube a 90% en 2022 y baja levemente a 88% del total en 2023.
Este año también vencen USD 1.204 millones con la banca comercial y USD 3.866 con organismos oficiales.
Reestructuración y ampliación del crédito internacional
De lo anterior surge que en los próximos 2 años gran parte de los vencimientos de deuda no implican obligaciones con el FMI, sino con otros organismos e instrumentos. Recién a partir de 2021 es cuando se tendría que mirar con detalle esto, también debido a la alta proporción de deuda denominada en dólares.
De ahí que ya muchos economistas consideran en sus análisis que la Argentina deberá en los próximos años encarar una reestructuración de los vencimientos de la deuda pública, sino también la ampliación de algunas de las líneas existente, principalmente con el Fondo Monetario Internacional.
Hoy en día la participación que tiene el FMI en el total de la deuda bruta es del 8% del total. En términos generales, la deuda bruta representa del 86% del PBI. Si se lo comprara con el nivel de reservas brutas asciende a 381% y en relación a las exportaciones es del 331 por ciento.
El interrogante es para que se usa el dinero dado que la Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente. Cuestiones como el rubro compras, gasto en nominal salarial y subsidios que equivale al 7,2% del PBI, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son los que requieren mayor ajuste, dado que el promedio de gasto ineficiente de la región se estima en 4,4% del PBI.
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