De prosperar, las modificaciones que desde el Gobierno buscan implementar al esquema de alquileres presentan un nuevo panorama para la actividad. Y si bien el detalle fino de lo que puede llegar a aprobar el Congreso todavía no es definitivo, el grueso del sector inmobiliario ya anticipa ciertos reclamos.
"Lo que se puede extraer por ahora es que en principio el propietario va a enfrentar un mayor riesgo, tanto por los cambios propuestos en los plazos mínimos (que pasarían de 2 años a 3) como por el depósito de garantía (que pasarían de un mes de alquiler como depósito por año de duración del contrato a solamente un mes por la totalidad del contrato)", explicó a Infobae José Rozados, director y socio de Reporte Inmobiliario.
El ejecutivo simplificó uno de los primeros razonamientos compartidos luego de que se diera a conocer el paquete de cambios intencionados al expresar que "ante mayor riesgo o costo a la hora de alquilar y una falta de capacidad de recuperar las pérdidas, lo más común sería que haya un cambio de oferta del alquiler a la venta de propiedades". Una reducción de la oferta de propiedades para alquilar, apunta, es contraproducente al objetivo de los anuncios del Gobierno, dirigidos a favorecer a inquilinos de clase media cuyos salarios vienen perdiendo la carrera contra la inflación.
"Hay cambios que dentro de todo son positivos, como bajar la barrera de entrada al aceptar los recibos de sueldo como garantía, pero en general hay contradicciones", sostuvo Francisco Altgelt, vicepresidente de Altgelt Negocios inmobiliarios. El empresario cree que las modificaciones al proyecto de la ley de alquiler es "más un parche que una solución definitiva, porque en realidad la solución ya la tenían en los créditos hipotecarios pero esa plaza terminó secándose y por eso atacan a la ley de alquileres".
Los consultados por Infobae también mencionaron ciertos puntos favorables entre los planteados, como la indexación en el valor de alquileres sea cada seis meses en base al promedio entre la evolución en salarios e inflación, aunque la misma tenga un rezago.
Específicamente, Altgelt considera innecesario el cambio de plazo mínimo en los contratos. "Entiendo el objetivo de proveer más tranquilidad a las familias, pero no es algo que el mercado genuinamente estaba pidiendo, en general los inquilinos con los que tratamos se mostraban satisfechos con plazos que le dieran flexibilidad", explica.
En general, los consultados por Infobae apuntaron a dos ejes. Uno es comunicacional y el otro es producto de la realidad del sector. "La verdad que anunciarlo sin antes tener una mesa de consulta con las entidades representativas del sector sorprende, y no es una buena señal al mercado, ya recibimos varias consultas de propietarios que tuvimos que atender con poca información a mano", expresa Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
Al mismo tiempo, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, consideró que "se va a producir una retracción total" en la oferta del sector y aseguró que "los propietarios sienten que es un avance hacia la propiedad privada".
En declaraciones a radio Mitre, expresó que "siempre que se pretende proteger al más débil, que es el inquilino, se lo perjudica".
Respecto a la realidad del mercado inmobiliario, notaron los consultados, el problema pasa por la pérdida de rentabilidad que experimentaron los propietarios en el último año. De acuerdo a Altgelt, la rentabilidad bruta del alquiler de una vivienda está en un 3% anual en dólares, entre los más bajos.
Altgelt también explica que un recorte en esa rentabilidad producto de más trabas en la operatoria llevaría a un cambio de actividad para algunos propietarios, que podrían volcarse a otras inversiones o al alquiler de espacios para oficinas. Bennazar agrega que "para incorporar unidades locativas en vivienda familiares tenes que dar los incentivos y mensajes correctos, caso contrario de lo que ocurrió ahora al no llamar a las cámaras antes de dar los anuncios".
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