Dujovne reconoció que el ajuste del 2019 será más grande: llega a 300.000 millones de pesos

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió a los ministros de Economía de las provincias que controla Cambiemos con una noticia poco agradable para sus interlocutores. El año próximo, explicó, la necesidad de recorte de gasto será mucho más importante que todos los cálculos previos que venían circulando. El ajuste comprometido en los términos acordados con el FMI deberá llegar a los $ 300.000 millones, mucho más alto que los $ 220.000 millones que las consultoras y el propio Gobierno estimaban hasta ahora.

"Este recorte lo debe asumir la Nación, pero es imprescindible que también las provincias colaboren en la tarea. Es una discusión que tenemos que tener ahora para llegar a un proyecto de Presupuesto 2019 que ya contemple esta situación", señaló Dujovne, flanqueado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En el acuerdo con el FMI se comprometió una reducción del rojo fiscal primario (es decir antes del pago de intereses) desde 2,7% a 1,3% del PBI. En los cálculos previos esto arrojaba la necesidad de recortar gastos por alrededor de $ 220.000 millones. Sin embargo, Dujovne explicó ayer en detalle que la cifra es en realidad mucho mayor. Esto se relaciona con la fórmula de ajuste de las jubilaciones, asignaciones familiares y planes sociales, como la Asignación por Hijo, que recogen la inflación pasada. Así como este año los haberes jubilatorios fueron perjudicados, el año que viene sucederá lo contrario: aumentarán por encima del índice de precios.

El gasto en jubilaciones es absolutamente inflexible, ya que incluso la fórmula de cálculo para el ajuste del haber previsional fue modificada a fines del año pasado por instancias del propio Dujovne. Las actualizaciones dependen en un 70% de la inflación y un 30% del RIPTE, o sea la evolución de los salarios en el sector formal.

El salto inflacionario será mayor al previsto que al momento del acuerdo con el FMI y se ubicaría en un piso del 30% en 2018. Esta evolución generará que finalmente el ajuste del gasto con fines sociales -en particular jubilaciones- será mucho más alto que las estimaciones preliminares. Sin embargo, la meta de déficit de 1,3% no se modificará. Por lo tanto, ese gasto superior deberá ser compensado por un recorte en el resto de las partidas. El problema es que el "gasto social" que es intocable e inflexible, representa más del 60% del presupuesto nacional.

En el encuentro realizado en la Quinta de Olivos participaron además los ministros de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza; de Corrientes, Enrique Vaz Torres; de Mendoza, Lisandro Nieri; de Jujuy, Carlos Sadir; y de la ciudad de Buenos Aires, Martín Mura.  Según se informó oficialmente también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; y el secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli.

En la reunión todos quedaron en seguir analizando de qué manera se afrontará el desafío de llevar adelante un recorte de gasto récord, para colmo en medio de una recesión.

Pero hubo algunas definiciones importantes sobre algunos pasos a seguir:

. Se mantendrá a rajatabla el cronograma de reducción de impuestos que estableció la reforma impositiva, en particular en Ingresos Brutos y Ganancias. La idea es no dar señales confusas a los inversores.

. Está firme la idea de traspasar parte de los servicios públicos a las provincias, para que se hagan cargo de una parte del ajuste, en especial el pago de subsidios. En el caso de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya es casi un hecho que recibirán al menos una parte de los subsidios al transporte (suman más de $ 100.000 millones). Las provincias peronistas insisten con que les traspasen luz y agua, algo que aún está en estudio.

. A su vez, las provincias deberán cumplir con el Pacto Fiscal, que las obliga a obtener superávit fiscal financiero (es decir contando el pago de intereses) para el año 2020.

. Los ítems centrales para recortar ya son conocidos y se mantienen: subsidios de servicios públicos, obra pública (que en parte sería reemplazada por los privados, vía PPP), transferencias no automáticas a provincias y recortes en el funcionamiento del Estado.

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